La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se excedió en sus facultades al señalar en un comunicado que es ilegal la suspensión otorgada por un juez federal para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncie sobre la posibilidad de condonar impuestos ante la emergencia sanitaria.
Así lo aseguró en entrevista con El Heraldo de México, Gabriel Salazar, presidente de Grupo Infinite, quien promovió el amparo en contra de la omisión del Ejecutivo federal en dar cumplimiento al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación que contempla apoyos fiscales.
“El posicionamiento que hace la Secretaría de si es ilegal, excede sus facultades porque la Secretaría de Hacienda no puede tachar de legal o ilegal algo, ellos no son la jurisdicción legal para juzgar alguna cosa”, enfatizó.
Dijo que el gobierno federal tenía hasta el lunes pasado para dar cumplimiento a la orden judicial, pero no la atendió.
“Vamos a pedir nosotros que se les emita la multa correspondiente y seguramente la pagarán, pero están desacatando, si ellos hubieran sido coherentes, debieron realizar esta impugnación antes”, dijo.
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Aseguró que no busca que se le condonen impuestos, sino que se ayude a todas las empresas mediante medidas para que, mientras dure la emergencia sanitaria y se tenga a los trabajadores en sus casas sin producir y cobrando sus salarios en su totalidad, se deje de cumplir con las obligaciones fiscales y se realice el pago cuando reactiven operaciones.
“No para dejar de pagar, sino para redistribuirlo y privilegiar a los empleados para poder pagar sus nóminas y no tener que desprendernos de ninguno de ellos porque es evidente que el dinero tiene que existir y tiene que estar en algún lugar, no podemos pagar salarios si el dinero no está, tiene que haber una estrategia financiera viable", explicó.
Señaló que, al continuar pagando impuestos y el sueldo a sus empleados, lo más viable es que se dicten medidas de carácter general para todo el empresariado.
“El Ejecutivo tiene la capacidad de diferir impuestos, de marcar que IVA, ISR, retenciones, no sean pagadas en este momento y sean pagadas una vez que termine la contingencia en una sola exhibición o diferidas en determinada cantidad de pagos sin actualizaciones, recargos ni multa, de no ejercer actos de fiscalización mientras la contingencia dura.
"Puede hacerlo también así con los pagos de IMSS, cuotas obrero-patronales y con las aportaciones del Infonavit y poder liberar una cantidad de recurso dentro de las empresas”, detalló.
Aseguró que sin incentivos fiscales las empresas se irán a la quiebra.
Dijo que envió una carta López Obrador para que dictara medidas fiscales y las empresas enfrenten la crisis derivada de la emergencia sanitaria, pero debido a que en 24 horas no hubo respuesta, promovió el juicio de amparo y logró que un juez ordenará al titular del Ejecutivo pronunciarse sobre la posible condonación de impuestos o el pago diferido de estos.
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“El objeto es pretender que pueda él escuchar a un especialista en materia (juez) y poder dictar medidas que le permitan a la empresa poder reestructurar su flujo financiero y poder conservar todos los empleos...
“En la carta que le mando al Presidente le digo que Cano Soto y Asociados no vamos a deshacernos de ningún empleado, vamos a mandar a descansar a los que sea posible, pero lo vamos a hacer el tiempo que podamos, porque si no tenemos incentivos fiscales vamos a quebrar porque de algún lugar tiene que salir este dinero", enfatizó.
Cano Soto Asociados, que presentó la demanda, dijo, controla 24 empresas de seguridad, limpieza, construcción y restaurantes y su marca comercial es Grupo Infinite de la cual es presidente.
Por: Diana Martínez
dhfm