El gobierno federal debe liberar a los migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias y son parte de algún grupo vulnerable ante el riesgo de contagiarse de COVID-19.
Así lo ordenó el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Jonathan Bass Herrera, al conceder una suspensión en el juicio de amparo que promovieron más de 40 organizaciones contra las omisiones de autoridades federales para salvaguardar la salud, física y emocional, e integridad de los migrantes y solicitantes de asilo detenidos en las estaciones y estancias provisionales migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM).
El impartidor de justicia también ordenó que se otorguen derechos temporales de residencia que incluyan acceso a beneficios de salud y sociales, en el contexto de la lucha contra la pandemia.
[nota_relacionada id=977455]
Esto implica que todos los migrantes o solicitantes de asilo tengan asegurado igual acceso a servicios de salud y estén incluidas en las respuestas nacionales dirigidas a prevenir y mitigar la transmisión del virus, lo que debe incluir pruebas y tratamientos en igualdad de condiciones a las destinadas a los nacionales o a los que tengan permanencia legal en el país.
Además, ordenó que se implementen protocolos de prevención sanitaria eficaces para combatir el COVID-19 en estos espacios de detención y las acciones necesarias para detectar casos de personas con síntomas.
Las autoridades federales deben realizar inspecciones periódicas en estos lugares para verificar que se respeten los derechos humanos.
[nota_relacionada id=977354]
Por: Diana Martínez
dhfm