El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsa la narrativa de que un grupo minoritario de empresarios “corruptos y conservadores” busca frenar su proyecto transformador, así como agravar la crisis generada por el COVID-19, advirtió Etellekt, consultora de análisis de riesgos y comunicación.
“Ante los efectos económicos de la pandemia, el gobierno construye una narrativa secundaria, consistente en señalar a los empresarios inconformes como los verdaderos responsables de la crisis, acusándolos de no pagar impuestos, por promover la suspensión del pago de impuestos y ordenar despidos laborales injustificados, apoyada en la advertencia de que ambos intentos serán judicializados”, señaló.
En el discurso gubernamental se subraya que no existe un rompimiento del gobierno con el sector empresarial, sino que se trata de un pequeño grupo.
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“Para contrarrestar la percepción de una ruptura entre el empresariado y el gobierno, el Ejecutivo compartió el respaldo a su plan anticrisis por parte de los empresarios Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, quienes se comprometieron a no despedir personal y adelantar pagos a proveedores de pequeñas empresas. Se suma también, el apoyo de hospitales privados para prestar una parte de su infraestructura al gobierno, destinada a la atención de pacientes por COVID-19”.
Tras la iniciativa de algunas cámaras de comercios para no pagar impuestos como medida para recuperarse de la crisis del COVID-19, el gobierno puede iniciar una ofensiva fiscal.
“La autoridad tributaria incrementaría sus facultades de fiscalización y la presentación de denuncias por el delito de defraudación fiscal, en contra de las sociedades que decidan omitir voluntariamente el pago de impuestos federales, con motivo de la epidemia”.
Indica que el SAT encabezará el aseguramiento precautorio de depósitos, bienes muebles e inmuebles, hasta por el monto de los adeudos fiscales y aplicar la restricción temporal del uso del certificado de sello digital a los contribuyentes infractores.
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Por Paris Alejandro Salazar
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