Un juez federal ordenó al Gobierno de la Ciudad de México aplicar medidas para evitar la propagación de COVID-19 en los centros de reclusión y proteger a los internos y al personal.
La asociación Documenta promovió un juicio de amparo para que se tomen las medidas necesarias para evitar el contagio y el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Jonathan Bass Herrera, concedió una suspensión de plano para que las autoridades implementen acciones que garanticen el derecho a la salud y la vida de las personas privadas de la libertad y de los empleados de los 13 centros carcelarios.
En la demanda de garantías, Documenta pidió que se garanticen los suministros básicos de higiene, el acceso a agua potable y el derecho a la alimentación, además del contacto con el exterior, el acceso a la información y la gobernabilidad por posibles motines debido a falta de atención.
El juzgador ordenó seguir protocolos de prevención sanitaria respecto del COVID-19 conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud e implementar medidas sanitarias para prevenir el contagio y acciones para detectar casos de contagio.
También ordenó acciones para que los internos puedan seguir en contacto con sus familiares y tengan acceso a información sobre la pandemia.
En máximo 24 horas, el Gobierno local debe informar sobre el cumplimiento de estas medidas.
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Preliberaciones a revisión
El gobierno local notificó a Documenta que ya trabaja en la identificación de posibles candidatos para ser preliberados con base en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y para que sus expedientes sean revisados y de ser procedente, su caso sea enviado ante un juez de ejecución.
Así lo informó la asociación Documenta, que detalló que además las autoridades locales, trabajan en el cumplimiento del Programa Liberación Humanitaria para revisar expedientes de internos que pertenecen a grupos vulnerables.
"Este mismo día, el Tribunal Superior de Justicia capitalino ordenó levantar la suspensión de actividades de los cuatro juzgados de ejecución a fin de que las solicitudes de beneficios de preliberación de personas vulnerables sean atendidas”, indicó la organización.
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Por: Diana Martínez
dhfm