A puerta cerrada como medida de prevención contra el coronavirus, el Congreso de Veracruz aprobó el punto de acuerdo para separar definitivamente del cargo a Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General del Estado, con 33 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones.
Según la mayoría de pleno, desde que el exfiscal fue designado como titular del organismo incumplió con los requisitos para su nombramiento y nunca se certificó, de acuerdo con informes “rendidos por autoridades competentes” al Poder Legislativo.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política establece que el Congreso deberá de emitir la convocatoria correspondiente para elegir al nuevo titular del organismo, actualmente a cargo de Verónica Hernández Giadáns, quien podrá participar.
Además, durante la sesión se reconoció que existe una “laguna normativa” para aplicar la separación del cargo por esta vía.
Sin embargo, la Junta de Coordinación Política justificó que la Constitución mandata que la sociedad veracruzana debe de tener certeza y seguridad de que el titular del ministerio público cumple con la Ley para desempeñar sus funciones.
El punto de acuerdo tiene la firma de todos sus integrantes, menos la del coordinador de la fracción del PAN, Omar Miranda. Además, la legisladora del blanquiazul, María Josefina Gamboa, aseveró que procederán legalmente porque se trata de una destitución ilegal.
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Winckler profusgo de la justicia
Hay que recordar que el 3 de septiembre e de 2019 la Diputación Permanente acordó la separación temporal del fiscal general del Estado, por no estar acreditado para ser el procurador de justicia.
Winckler podía comparecer, ofrecer pruebas y formular alegatos como parte de su Derecho a una defensa, pero no lo hizo.
“Desde septiembre (de 2019), el presunto infractor omitió a ejercer su Derecho a defenderse, pues no aportó prueba ni alegato alguno sobre la presunta infracción, no obstante, la publicidad del acuerdo de separación temporal, por lo que bajo los principios de resolución pronta y expedita a las controversias, dado que han transcurridos más de 6 meses desde el acuerdo de la Diputación Permanente, es procedente que el pleno emita el pronunciamiento correspondiente”.
De esta manera, se determinó que el exfiscal incumple con los requisitos de permanencia, de ahí que aplicaba la remoción sin esperar una resolución de autoridades jurisdiccionales sobre los amparos o recursos tramitados por Winckler contra su separación.
Tampoco se tomó en cuenta que al ser designado como fiscal la única vía para su destitución era el juicio político.
El acuerdo añade que el ahora exfiscal deberá ser indemnizado conforme al artículo 123 de la Constitución federal. Además, no podrá ampararse, en términos del artículo 61, fracción VII, XII y XVII y XXIII de la Ley de Amparo.
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Por Jesús Ruiz
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