El acceso a servicios básicos en la vivienda es un componente fundamental del entorno en el que las personas interactúan y se desarrollan. Habitar una vivienda construida con materiales sólidos y que protejan adecuadamente a sus habitantes es un elemento indispensable al igual que disponer de servicios básicos como el agua, debido a que estos elementos impactan en las condiciones sanitarias, la salud y la calidad de vida de las familias. Este es el panorama en México.
Con base en los criterios dados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) se considera como población en situación de carencia por servicios básicos a las personas que residen en viviendas que presentan al menos una de las siguientes características:
- El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo o pipa.
- El agua entubada la adquieren por acarreo de otra vivienda, de la llave pública o hidrante.
- No cuentan con servicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.
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De acuerdo con el Atlas del Agua en México realizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la cobertura de acceso a este servicio entubado abarca el 95.3 por ciento de la población.
Con estas cifras pareciera que el esfuerzo de las autoridades en materia de agua y saneamiento se han alineado al compromiso internacional de garantizar los derechos humanos en este ámbito; no obstante, dichos datos, en realidad se encuentran bastante limitados cuando se trata de conocer a profundidad la realidad de México.
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Decir que el 95.3 por ciento de la población tiene acceso al agua potable, excluye a poco más de 10 millones de mexicanos y es referirse únicamente al acceso a infraestructura municipal o comunitaria que brinda una calidad apta para el contacto humano y de uso doméstico.
Esto no garantiza otros aspectos importantes como que se disponga de agua las 24 horas del día, todos los días de la semana y menos en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, tal como lo señala el artículo 4° de la Constitución Política de México desde el 2012.
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Los asentamientos y muchas comunidades rurales, al estar sujetos a políticas de ordenamiento territorial que las excluyen del acceso a los servicios básicos sin justificación alguna, demandan una solución pronta a las necesidades de acceso al agua potable y al saneamiento al que tienen derecho.
Caso de la comunidad 5 de noviembre en Zapopan, Jalisco
5 de noviembre es un asentamiento popular, relativamente joven, cuya problemática más fuerte desde un inicio ha sido el acceso al agua potable y saneamiento básico.
Las familias tienen como principal fuente de suministro pipas y una llave pública a disposición de pocas personas, lo que las deja vulneradas por una infraestructura poco segura constituida por mangueras que distribuyen el líquido de forma intermitente a lo largo de la semana.
Una encuesta realizada a la comunidad por voluntarios de TECHO México en 2019 reveló que solo el 30 por ciento de 5 de noviembre tiene estructura hídrica, sumado a que nadie tiene infraestructura de saneamiento básico.
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Esto representa una vulneración de la salud debido a que el saneamiento permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales, lo que permite tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios.
El porcentaje del ingreso gastado en acceso al agua ronda en el cinco por ciento del ingreso total por vivienda, lo cual rebasa los tres puntos porcentuales recomendados por la ONU. Además, el consumo de agua al día por persona es de 12.4 litros, lo que representa 37.6 litros menos de los necesarios para realizar actividades diarias como aseo personal y uso doméstico.
Basta apenas pisar uno de estos territorios para reconocer que una de las problemáticas más reales y sentidas por las familias es la falta de agua. También, con un vistazo es suficiente para destacar el trabajo que han realizado los vecinos de los asentamientos populares para tener al menos un acceso precario al agua ante la ausencia del Estado.
La vulneración del derecho al agua es una constante en nuestro país que se va acrecentado entre la población en situación de pobreza y se agrava aún más en los asentamientos populares, pues, además de todo, son sistemáticamente segregados y discriminados por las autoridades, como es el caso de la comunidad 5 de noviembre, en Jalisco.
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Por lo anterior, durante 2017, el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos al Agua y al Saneamiento, Léo Heller, recomendó oficialmente al gobierno mexicano a “no discriminar a quienes habitan en asentamientos informales o irregulares en su acceso al agua” pues los seres humanos, en cualquier territorio que vivan, necesitan de ésta para subsistir.
Tomar agua nos da vida, y tomar conciencia nos dará agua.
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