En 1971, el entonces presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, emitió un decreto estableciendo 601 mil hectáreas como bienes comunales de la Selva Lacandona.
2. Sin embargo, unos años más tarde, se conformó la Reserva de la Biósfera Montes Azules, que se superpuso a los bienes comunales establecidos en 1971.
3. El problema no paró ahí, sino que en los años subsiguientes, diversos decretos presidenciales otorgaron varios territorios de los bienes comunales de la Selva Lacandona a otros grupos étnicos, generando conflictos sin límite, deforestación y destrucción de la selva, se han perdido 100 mil hectáreas, de las 601 mil originalmente otorgadas.
4. Son tres pueblos originarios los que se asientan en la citada selva: los choles, los tzetzales y los lacandones. No ha sido sencilla la convivencia entre estos pueblos ni tampoco la preservación de la selva con las múltiples expresiones de poderosos intereses económicos que la han devastado.
5. Con el pretexto de impulsar un centro de estudio y preservar la selva, Julia Carabias, quien fue secretaria del Medio Ambiente de Ernesto Zedillo, mantiene poderosos intereses económicos en la región; se han otorgado concesiones de cuerpos de agua muy importantes a organizaciones vinculadas a dicha exfuncionaria en importantes zonas de la selva y cuenta con centros de investigación a los cuales no les ha sido renovada la autorización para permanecer en esa zona por parte de las autoridades de los bienes comunales.
6. Durante 11 años, choles, tzetzales y lacandones construyeron con tenacidad, con generosidad, con tolerancia y sin apoyo gubernamental -utilizando recursos propios-, un acuerdo de delimitación de los bienes comunales de dicha selva, con la finalidad de salvar de la destrucción 450 mil hectáreas de las 601 mil originalmente otorgadas, logrando acuerdos con 50 de 52 comunidades asentadas en la selva lacandona.
7. La Secretaría de Gobernación encabezó una mesa interinstitucional para lograr un acuerdo de preservación de la Selva Lacandona, en que participaron la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre otros; obvio, con la participación de las autoridades de los pueblos ahí asentados. Pero por alguna razón que desconozco, desde octubre, se levantó la mesa y los acuerdos no continuaron.
8. Es muy difícil que pueblos que están asentados en una misma región, se pongan de acuerdo para preservarla y que pongan todos algo de su parte para lograr salvar 450 mil hectáreas de la Selva Lacandona. Sin embargo los tres pueblos originarios allá asentados han construido durante 11 años la delimitación de los bienes comunales para preservar la selva, y están a punto de cerrar lo que ellos llaman el polígono.
9. Ninguna autoridad federal estatal o municipal coadyuvaron en construir ese acuerdo durante esos once años. Considero que el gobierno encabezado por el compañero presidente López Obrador debe respaldar de manera absoluta la construcción de ese acuerdo.
10. Así las cosas, hay que salvar a la selva, y la única manera de preservarla es respaldar el acuerdo de choles, tzetzales y lacandones que ahí viven y que son, en particular los lacandones, los dueños de esa zona, pues originalmente eran bienes comunales de la Selva Lacandona, las 601 mil hectáreas originales. De las cuales se han perdido 100 mil hectáreas.
11. No se debe perder ni una hectárea más y el acuerdo alcanzado por los pueblos originarios garantiza la preservación de la selva.
12. Es necesario que se restablezca la mesa interinstitucional y que hagamos todo para salvar la selva lacandona.
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POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA
DIPUTADO FEDERAL DEL PT
@FERNANDEZNORONA
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