En el decálogo de prioridades de la estrategia contra la inseguridad del gobierno federal quedó fuera la captura de capos y grandes jefes de grupos delictivos, porque ese tipo de acciones es ineficaz para bajar los índices de criminalidad y violencia.
En entrevista con El Heraldo de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, comentó que en este sexenio la parte operativa de la seguridad pública está en manos de las Fuerzas Armadas, y el control normativo queda a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que él encabeza.
Detalló que la nueva estrategia gira en torno al combate a la corrupción, toda vez que el uso de la fuerza no es la vía para pacificar al país.
A su parecer, el método que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento en los temas de seguridad (reuniones matutinas con los miembros del gabinete encargados de la protección ciudadana) es el mejor que ha visto desde que es funcionario público, es decir, desde su trabajo con Luis Donaldo Colosio, pasando por la Presidencia del panista Vicente Fox.
En la charla, puso el ejemplo de lo hecho durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en el cual se fijaron capturar a 122 objetivos prioritarios (jefes de cárteles, secuestradores, etcétera).
Expuso que durante ese sexenio se detuvo a 120 de estos objetivos prioritarios, pero sin impacto en los índices de violencia en el país.
Para la llamada cuarta transformación, expuso Alfonso Durazo Montaño, es “rupestre” y “conservador” aplicar la fuerza ante ese tipo de grupos, por lo que cambiaron las directrices para el combate a la delincuencia.
Como punto número uno para abatir los niveles de inseguridad bajo esta estrategia está el “combate a la corrupción”, pues en el pasado, estas prácticas, dijo, se originaban directamente en Los Pinos , y de ahí permeaba hacia todo el aparato de gobierno.
El segundo punto en la estrategia es “atender las causas que generan la inseguridad y la violencia”, concebido a partir de que hay una descomposición social de años, la cual se debe revertir ahora con una recomposición social.
En ese tenor, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana consideró que el crimen organizado carece de una base social, pero tiene una nómina.
Es decir, que las agresiones y oposición en comunidades hacia militares y guardias nacionales se deben únicamente a que los grupos delictivos que operan en esas regiones pagan para ello y no por convicciones.
El resto de los puntos de la estrategia son: fortalecimiento del marco jurídico, creación y rediseño de instituciones, uso de la inteligencia sobre la fuerza, reformular el combate a las drogas, implementar un nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, concebir la seguridad pública como un espacio de neutralidad política y no empoderar social ni mediáticamente a la delincuencia organizada ni a sus integrantes.
Durazo Montaño adelantó que también están preparando reformas para que ningún delincuente pueda registrar su nombre como marca, con lo que se evitará que se conviertan en íconos y modelos a seguir.
Al subrayar que es una falacia decir que no hay estrategia contra la inseguridad, el secretario refirió que también se pretende poner orden en las corporaciones de seguridad privada en el país.
Al respecto, mencionó que hay 300 mil empresas registradas, pero se estima que otras 400 mil operan de manera irregular.
En cuanto a la Guardia Nacional, explicó que actualmente opera con 70 mil patrullas y la meta es contar con 151 mil al cierre del año en curso, para que en 2021 sea el cuerpo policiaco con los más altos estándares de calidad y equipamiento, aunque su consolidación, refirió, se va a concretar hasta 2024.
Señaló que ha visto buena disposición de los gobiernos estatales hacia la estrategia de la cuarta transformación, y sobre los rumores de disputas políticas en el gabinete de seguridad, negó la existencia de éstas. Al contrario, afirmó que hay buena coordinación. [nota_relacionada id=870144]
POR IVÁN RAMÍREZ
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