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Condenan la violencia mediática

NACIONAL

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Los problemas de violencia de género y feminicidios se convirtieron en un problema social que subieron de nivel, al grado de revictimizar a una mujer después de su asesinato a través de medios de comunicación, por lo que en Puebla se busca castigar a servidores públicos, jueces y a la prensa que divulguen en redes sociales y medios impresos material gráfico de mujeres asesinadas.

El caso más reciente fue Ingrid Escamilla, oriunda de Juan C. Bonilla, Puebla, quien fue asesinada por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Aunque el responsable del delito se encuentra detenido, los hechos provocaron mayor indignación tras revictimizar a Ingrid por divulgarse en redes sociales y medios de comunicación fotos sobre cómo quedó su cuerpo luego de ser asesinada.

Ante esto, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, propuso hace dos semanas la figura de “violencia mediática” en Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero que lamentablemente no habla de sanciones económicas o de cárcel.

“La violencia mediática consiste en publicar o difundir mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación o redes sociales que injurie, difame, discrimine, deshonre, humille, atente contra la dignidad o promueva la explotación de las mujeres, generando desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Señaló que antes de concluir marzo presentará su reforma al Código Penal de Puebla para castigar a medios, jueces o servidores públicos que filtren material de mujeres víctimas de violencia de género y feminicidio.

Consideró prematuro hablar de castigos específicos hacia la prensa por la publicación de dichas fotografías, dejando en claro que no está en contra de la libertad de expresión, pero “tampoco se trata de sacar una nota amarillista” que afecta a la víctima y sus familiares.

Sobre el caso de jueces o servidores públicos, planteó cárcel, sanciones económicas o inhabilitaciones.

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Por Jesús Lemus
lctl

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