Tanto en el sector patronal como en el sindical ha habido resistencias para crear protocolos que permitan eliminar la discriminación laboral contra las mujeres.
Así se afirma en el estudio sobre discriminación y violencia contra las mujeres, que hoy se presentó como parte de las iniciativas en materia laboral relacionadas con la ratificación del T-MEC, promovidas por la Red de Mujeres Sindicalistas (RMC), en alianza con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung.
En el estudio, se subraya la necesidad de realizar una evaluación profunda de la capacitación que se brinda a los operadores jurídicos de las empresas, a fin de lograr una adecuada difusión de los avances normativos y sociales para proteger a las mujeres y sus derechos.
La autora del estudio, Andrea Medina Rosas, apuntó que los derechos laborales deben concebirse como derechos humanos, por lo que los espacios laborales deben ser fuente de transformación y cambio social en la materia.
La investigadora y activista de los derechos humanos enfatizó que a través del tiempo ha existido una distinción de género en el servicio público en México que ha generado discriminación. Ante ello, precisó, es necesario no sólo centrarse en la parte legislativa, sino también en la operatividad de las normas, con el propósito de lograr vincular en los procesos la igualdad sustantiva.
Al respecto, Rosario Ortiz, representante de la RMC, señaló que es necesario reconocer los derechos humanos laborales como un todo y no como dos cosas distintas.
Asimismo, la coautora del estudio, Dafne Peña Vera, consideró fundamental que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establezca sanciones para quienes realicen actos de hostigamiento sexual o laboral contra las mujeres, además de que los juzgadores deben emitir las sentencias con perspectiva de género.
Por su parte, Leticia Bonifaz Alfonzo, especialista del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres de la ONU, indicó que el contenido de documento refleja la evolución que se ha dado en los derechos laborales de las mujeres en nuestro país, ya que han pasado de ser objeto de derecho a sujetas de derecho.
En ese sentido, refirió que entre los avances en la legislación destacan la regulación y sanción del acoso y discriminación. Sostuvo que el Poder Judicial ha sido clave en los avances de derechos, pues mediante la emisión de sentencias, ha logrado fijar precedentes en favor de los derechos laborales de las mujeres. Por ello, afirmó, a México no le ha ido mal en la evaluación en este rubro.
Para la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, agregó, el tema laboral es de importancia fundamental, por lo que se requiere que jurídicamente, los centros de trabajo hagan propia la visión de derechos laborales de las mujeres.
A su vez, la senadora por Morena, Malú Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, expresó que los indicadores que contiene el documento permiten conocer los avances y retos legislativos, entre los que destacó el que México firme el convenio de la Organización Internacional del Trabajo en materia de violencia y acoso.
Resaltó que en la reforma laboral se incluyó la igualdad sustantiva, con lo que se garantizó el pleno ejercicio de los derechos laborales de las mujeres.
La legisladora coincidió con las propuestas de las autoras para eliminar la violencia laboral y la discriminación, lograr la homologación de leyes reglamentarias e impulsar mecanismos eficaces de acceso de la justicia.
Al respecto, propuso establecer un parlamento abierto, para revivir el debate sobre los derechos laborales de las mujeres y poder crear nuevas reformas que atiendan las lagunas legales existentes y afronten los nuevos retos.
Por último, la investigadora de la UNAM, Aleida Hernández Cervantes, puntualizó que el estudio que se presentó es un diagnóstico que expone y propone aspectos medulares que hacen falta en la legislación laboral.
Mencionó que se debe aplicar una perspectiva de género en la instrumentación jurídica del acceso a la justicia y la capacitación de los operadores jurídicos, quienes son los que miran, interpretan y aplican la ley.