El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presuntamente participó en el desvío de más de cuatro mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación y, a pesar de que en el sexenio de Enrique Peña Nieto ya no era funcionario, continuó la ordeña de recursos de la Tesorería de la Federación.
El monto del desvío detectado hasta el momento se ubicó en diversos depósitos en Israel, Letonia, Panamá, China, Barbados, Curazao y Estados Unidos, según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que el 24 de diciembre de 2019 denunció al exfuncionario ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la indagatoria, se encontró evidencia de que, desde 2005, cuando García Luna estaba al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), se planificó y ejecutó el esquema de desvío que consistió en crear empresas, entre estas Nunvav Inc., —presuntamente fachada y constituida en Panamá—, mediante las cuales se ingresaron recursos al sistema financiero nacional que después fueron dispersados a paraísos fiscales o centros financieros offshore.
Nunvav Inc. fue pieza clave en la triangulación de recursos y recibió nueve contratos, en 2013, 2017 y 2018, por dos mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares por adjudicaciones directas por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
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Las denuncias se presentaron ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además que se dio vista a la Contraloría General de la Ciudad de México, la Secretaría de la Función Pública y al Servicio de Administración Tributaria.
El pasado 27 de noviembre, un juez federal del Estado de México libró una orden de aprehensión en contra de García Luna por el delito de enriquecimiento ilícito, por un monto de 27 millones de pesos.
En Estados Unidos, al exfuncionario se le imputaron, de inicio, tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y por hacer declaraciones falsas, después se le sumó el delito de empresa criminal continua.
POR DIANA MARTÍNEZ