Los desvíos de dinero de la Estafa Maestra incluyen países como España y Panamá.
De acuerdo con fuentes federales, la orden de aprehensión que se libró este jueves en contra de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por lavado de dinero y delincuencia organizada, derivó de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 11 de septiembre de 2019.
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La investigación indica como montos de las operaciones, depósitos de 76 millones 926 mil 68 pesos y retiros de 137 millones 708 mil 832 pesos y de 470 mil 865 dólares.
El esquema de desvíos fue elaborado por servidores públicos del gobierno federal para fondear cuentas de personas físicas sin una razón aparente.
En el caso de Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), la indagatoria señala que fue apoderado de dos cuentas concentradoras a nombre de esta última dependencia y mediante estas se fondearon cuentas de personas físicas con al menos 16 millones 385 mil 899 pesos.
Zebadúa y sus hermanos José y Lourdes gastaron más de 142 millones de pesos en tarjetas de crédito y en casinos, lo que alertó a la UIF porque no corresponde con su perfil transaccional y pudieran formar parte de actos de corrupción.
Además de Robles y Zebadúa, la denuncia señala a Ramón Sosamontes, uno de los ex colaboradores más cercanos a la ex funcionaria, porque como socio de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual S.A de C.V, ésta se adjudicó contratos del gobierno federal cuando él era funcionario de la Sedesol y la Sedatu y se presume que hubo conflicto de interés.
Se detectó también que se realizaron depósitos en el extranjero, por lo que ya se solicitó información a otros países como España y Panamá.
La ruta del dinero incluye la salida de efectivo por traslados de valores a domicilios particulares.
Robles se encuentra presa en la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019 y enfrenta un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público que le permite obtener un cambio de medida cautelar, sin embargo, de ser vinculada a proceso por delincuencia organizada, ya no tendrá esta opción, pues este delito amerita prisión preventiva oficiosa.
Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, dijo después de visitar a la imputada, que ésta calificó la nueva orden de aprehensión como una infamia.
Por Diana Martínez