Habitantes de 21 pueblos mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo presentaron una denuncia popular de carácter regional ante autoridades ambientales federales, para frenar la contaminación que está provocando la industria porcícola en la península, y también para que no se vuelvan a violar sus derechos humanos.
Las pobladoras y los pobladores decidieron unirse y organizarse porque, desde hace años, las granjas de cerdos contaminan el agua y el medioambiente, ponen en riesgo su salud, provocan problemas territoriales y se instalaron en sus comunidades sin que se realicen consultas públicas indígenas.
Las asociaciones civiles Indignación, Misioneros AC-Guardianes de las Semillas, Greenpeace México y Artículo- 19, acompañaron jurídicamente a 52 habitantes de 21 comunidades mayas para interponer la denuncia popular en la capital del país, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Las autoridades ambientales tendrán que revisar la situación, considerando que es un tema regional, no un problema aislado, y que en cuestiones ambientales los impactos se van acumulando. Nuestra única fuente de agua es el acuífero subterráneo y todo el problema de contaminación de la industria porcícola está cayendo ahí”, recalcó Lourdes Medina Carrillo, abogada de Indignación.
En rueda de prensa, explicó que la intención es que las mencionadas autoridades investiguen todas las ilegalidades cometidas por las empresas productoras de carne de cerdo, así como por los ayuntamientos que les otorgaron permisos de construcción y de cambio de uso de suelo; y a las dependencias estatales y federales que entregaron arbitrarios Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) y autorizaciones de descargas de aguas residuales.
Medina Carrillo dijo que esperan que proceda la denuncia regional para que las autoridades ambientales clausuren definitivamente las instalaciones porcícolas que no cumplan con la legislación mexicana, o que no vuelvan a otorgar permisos de operación de granjas hasta que se revierta el daño ambiental.
Agregó que la denuncia popular está sustentada científicamente, con estudios técnicos sobre el cambio de uso de suelo; pruebas de laboratorio sobre la afectación del agua de los cenotes y pozos; y de cómo se violentaron derechos humanos al no realizarse consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas a los pueblos mayas, en cuyo territorio se construyeron las granjas.
La abogada de Indignación señaló que en caso de que la Semarnat, la Conagua y la Profepa corroboren que la industria porcícola cometió delitos ambientales, estarán obligadas a notificar a la Fiscalía General de la República (FGR) para el deslinde de responsabilidades civiles, administrativas o penales.
En la rueda de prensa, se recordó que las afectaciones ambientales provocadas por la industria porcícola están documentadas en el estudio “La carne que consume al plantea”, elaborado por Greenpeace México. Este documento arrojó que el 90 por ciento de las granjas de cerdos establecidas en Yucatán no cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Por Herbeth Escalante