Luego de la reapertura del caso contra el exlíder del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de trata de personas, la Fiscalía General de Justicia local (FGJ) realizó una diligencia ministerial en la sede del tricolor en la CDMX.
El 29 de octubre, elementos de la Policía de Investigación, peritos y un agente del MP, acudieron a los inmuebles ubicados en Puente de Alvarado número 53 y 60, colonia Buenavista.
En la inspección se revisaron las instalaciones, oficinas y diversos espacios de los edificios, ante el desconcierto de trabajadores.
La FGJ solicitó permiso a la dirigencia del PRI local, encabezada por Israel Betanzos, para llevar a cabo la actuación ministerial. El partido pidió cinco días para analizar la petición, pero se consiguió la autorización de un juez.
Los elementos de la PDI efectuaron las inspecciones de dos de tres inmuebles, a los que acudieron; realizaron una revisión ocular en cada uno, mientras peritos de fotografía tomaron placas para integrarlas al expediente. Al edificio del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, que también se encuentra en Puente de Alvarado, no pudieron ingresar, debido a que se dañó desde el sismo de 2017 y se encuentra cerrado.
La intención de los peritajes es comprobar las denuncias y testimonios de las víctimas de trata, que quedaron asentados en audios, y en el expediente que se conformó en la entonces Procuraduría, encabezada por Rodolfo Ríos Garza.
Dichos audios fueron extraviados por la Procuraduría, entre otras pruebas que integraban la averiguación previa, aunque solicitaron a una radiodifusora copias de los originales para integrarlas a la carpeta de investigación.
El 11 de septiembre, la fiscal Ernestina Godoy anunció la reapertura del caso contra Gutiérrez de la Torre, debido a que hubo omisiones en las investigaciones.
Algunos de los puntos que se replanteó la autoridad es el análisis de las pruebas de las víctimas y otros elementos que se ocultaron durante la averiguación previa.
El 29 de septiembre, Godoy anunció la apertura de un expediente en contra de diversos servidores públicos que intervinieron en la averiguación previa integrada en contra del priista, debido a que quedó en evidencia la investigación deficiente y lejana del deber de procurar justicia.
Por Almaquio García
