Para liberar el espacio urbano de cables aéreos, sobre todo los que cuelgan de postes rentados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los diputados de la Ciudad de México discuten una nueva ley que obligue a empresas públicas y privadas a colocar todas sus redes en el subsuelo.
Fue la misma jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien en días previos envió al Congreso local la propuesta que crea la Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y para el Uso y Aprovechamiento del Subsuelo de la Ciudad de México.
La iniciativa plantea un plan gradual en las 16 alcaldías para bajar toda esa infraestructura aérea.
Por ejemplo, las cableras de TV privada que tienen a los postes al límite del peso que deben soportar por norma, sobre todo en colonias como La Condesa, Roma, Del Valle, Nápoles y Zona Rosa, así como residenciales en Polanco y Las Lomas.
Una vez que se comience el soterramiento de las redes, las empresas no pagarán el uso y aprovechamiento del subsuelo capitalino por tres años.
Sin embargo, después se tasará lo que deberán aportar al erario, según el tipo de ductos o cable que tengan, pues la fibra óptica tendrá un tratamiento especial.
También se propone integrar un inventario de la infraestructura área existente y de la que se encuentra instalada en el subsuelo.
De avanzar la iniciativa, las empresas deberán retirar toda su infraestructura aérea, concretar su soterramiento, reducir las afectaciones, mejorar la imagen urbana y dar mayor seguridad. Todo irá conforme a un plan general; programa anual de despliegue y retiro; así como un calendario específico.
Para eso se busca la creación de un órgano colegiado que coordinará y vigilará las acciones de retiro, así como el uso ordenado del subsuelo.
Además de una Plataforma de Planeación del Subsuelo y de la Infraestructura Aérea que gestione los datos e información de lo instalado en el espacio aéreo para su progresivo y planeado retiro.
La eventual ley establece que toda infraestructura que se instale, construya, modifique o repare deberá ser subterránea.
Además, los usuarios públicos o privados que realicen alguna intervención al subsuelo estarán obligados a restablecer las condiciones físicas de la vía pública previas, de no hacerlo se procederá a su reclamación.
Por Manuel Durán