La pandemia mundial de COVID-19 exhibe los rezagos que tiene el Poder Judicial de Jalisco y el nivel arcaico del sistema que inhibe una pronta aplicación de la justicia. Se requiere una cirugía mayor, que implica modernización y reingeniería interna, reconoce el magistrado Luis Enrique Villanueva, en entrevista con El Heraldo de México.
“El Poder Judicial necesita una cirugía mayor. Esta pandemia nos ha dejado al descubierto la crisis y el rezago que tenemos porque no se cuenta con una justicia pronta y expedita como lo mandata la Constitución.
La responsabilidad es nuestra por estar trabajando la justicia cotidiana con un sistema tradicional que fue bueno, pero hace 20 años, al día de hoy los procesos son lentos. Los procesos deben de llevarse a cabo con los usos de la tecnología y comunicación, es decir, tener un Poder Judicial moderno que esté acorde con las demandas que los justiciables en nuestro estado requieren”.
El magistrado propone un SISE, ‘Sistema informático de búsqueda y localización de expedientes’, método que no tendrá costo alguno y que lograría que el justiciante recupere la confianza en la institución, pues la resolución de casos sería más ágil.
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Jalisco va retrasado en la implementación de los tribunales virtuales. El tema presupuestal no es el problema mayor, se requiere voluntad política y una reforma legislativa para implementar estas nuevas herramientas en el Sistema de Justicia de la entidad, añadió el magistrado.
“Tener juicios digitales o en línea, como ya lo tiene el Poder Judicial de la Federación en Jalisco y otros poderes judiciales del país. Primero, contar con tribunales virtuales, esto se puede hacer con voluntad política, que la hay por parte del gobernador (Enrique Alfaro).
Y segundo, aspectos presupuestales significativos, no obstante, sabemos el recorte presupuestal que hubo hacia nuestra entidad federativa, pero también podemos generar apoyos federales e internacionales para implementar los modelos de modernización tanto en el ámbito de justicia como de seguridad pública. Se requiere presentar proyectos viables y prioritarios”.
Los procesos judiciales están tardando más de lo común, y los casos más sensibles, están vinculados a la infancia, como son las demandas de manutención, patria potestad y divorcios.
“Si un juicio tardaba de dos a tres meses en resolverse, ahorita nos vamos a seis meses o un año. Juicios que estaban a punto de tener sentencia, se dilatan porque hay que notificar y sacar citas en los Juzgados en Ciudad Judicial y en materia Familiar que es un universo muy amplio en número de asuntos están dando citas hasta enero o febrero del próximo año. Eso nos ha impedido tener esa agilización debida”.
Por cuestión de la emergencia sanitaria por COVID-19 ha disminuido la presencialidad de funcionarios en las oficinas y Juzgados para cumplir con los protocolos, esto ha impactado la pronta resolución de los casos.
“En cada Sala de Tribunal nos obliga a tener un máximo de 30%, disminuye la capacidad en cuanto a funcionarios judiciales; es decir, si somos 40, estamos desempeñándonos 15, el resto está haciendo su labor a distancia en sus domicilios, pero no tiene la misma eficacia y prontitud”.
Villanueva y un equipo de especialistas trabajaron en un diagnóstico de la problemática del Poder Judicial y desarrollaron un modelo denominado “Gobernanza judicial” que pretende ordenar tanto el Supremo Tribunal de Justicia como el Consejo de la Judicatura del Estado.
“La modernización implica dejar a un lado la búsqueda de localización de expedientes con las famosas libretas, dejar los expedientes en papel que es un costo elevado. Tenemos que apostar por la justicia innovadora con visión a futuro. Son 12 proyectos debidamente elaborados para su pronta ejecución a corto, mediano y largo plazo.
Como ejemplo es la digitalización total de todos los archivos del Poder Judicial, contar con expedientes electrónicos y no en papel, que las audiencias se lleven a control remoto, de manera virtual y la firma electrónica avanzada para que los escritos, demandas y demás se presenten a distancia sin necesidad de acudir a la Ciudad Judicial donde hay un número de 3 mil a 5 mil personas”.
La intención es simplificar internamente a todo el Poder Judicial para volverlo eficiente y moderno.
“Reorganización o reingeniería interna del Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal. El Consejo es un órgano obeso que tiene duplicidad de funciones y en el Supremo Tribunal se tiene una Administración donde hay una Dirección de Informática y en el Consejo otra.
Por ejemplo, en el tema de capacitación hay dos direcciones en ambos órganos de gobierno que cuestan 84 mil pesos cada una de manera bruta de salario, entonces ¿por qué no desaparecer una? Fortalecer la capacitación y que se encargue de ambas instituciones. Con ese ahorro habría recursos suficientes para la modernización y equipamiento”.