Organizaciones exigen a México y Guatemala respetar los derechos de los migrantes

La Policía Nacional Civil detuvo entre ayer y hoy a más 500 hondureños integrantes de éxodo migrante

NACIONAL

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Organizaciones de la sociedad civil exigieron a los gobiernos de México y Guatemala garantizar la seguridad e integridad física de las personas “que se desplazan forzadamente en caravanas” ante la amenaza de aplicar el derecho penal de manera generalizada por ingresar a los países en el contexto del coronavirus.

Esta reacción es por la advertencia que lanzó el gobierno guatemalteco con las detenciones inmediatas y el “Protocolo de Alerta Temprana en Zonas Fronterizas” que alienta a los habitantes para denunciar la presencia de personas migrantes, “es una acción intimidatoria y de promoción de prácticas xenófobas”.

En México serán castigados con hasta 10 años de prisión de acuerdo a los códigos penales de Chiapas y Tabasco a las personas que pongan en riesgo de contagio de Covid-19.

El documento firmado por la redes de la sociedad civil, el Grupo de Trabajo sobre Políticas Migratorias, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, además de colegios y académicos, señala que las disposiciones faltan al debido proceso y el marco constitucional.

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Cierran paso fronterizo y siguen las detenciones

Mientras avanza caravana dispersa y en grupos, también se despliegan operativos y retenes, donde la Policía Nacional Civil de Guatemala, revisa hasta vehículos de transporte público con el argumento de vigilar que se cumplan con las medidas sanitarias por la covid-19.

En su cuenta de Twitter, la PNC informó que este viernes fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias a 370 hondureños más, que serán deportados en las próximas horas.

En México cerraron el acceso del puente Rodolfo Robles e implementaron el despliegue de agentes del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional y brigadas médicas continúan en las márgenes del río Suchiate, donde el Comisionado Francisco Garduño dijo de manera contundente que no se permitirá el paso del éxodo.

Las organizaciones recordaron que durante los siete meses que lleva la contingencia sanitaria en el país, el INM ha sido negligente en la protección de las personas migrantes a quienes incluso abandonó en la frontera sur mexicana, “sin que hasta el momento exista sanción alguna en contra”.

Lamentaron que estas políticas resultan en violaciones graves a los derechos humanos pues separan a las familias, incrementan las detenciones y el hacinamiento, incrementan en gastos económicos, y en casos extremos, tortura e incluso muertes personas en movilidad.

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Recordaron a los gobiernos que deben cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y brindar asistencia humanitaria, además hacen hincapié en la protección de los derechos de los menores de edad que viajan en la multitud y en dejar a un lado los discursos discriminatorios.

Por: Jeny Pascacio

dhfm

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