EJÉRCITO

México Unido Contra la Delincuencia gana amparo contra acuerdo de militarización

Un juez consideró que es inconstitucional porque evidencia que el Presidente de la República ha incorporado a las Fuerzas Armadas dentro del sistema ordinario

NACIONAL

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En la sentencia del juez se menciona que la incorporación de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad pública podrían generar inseguridad jurídica. Foto: Cuartoscuro

Un juez federal concedió un amparo a la asociación México Unido Contra la Delincuencia contra el acuerdo que establece la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 

De acuerdo con la organización, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, consideró que es inconstitucional porque evidencia que el Presidente de la República ha incorporado a las Fuerzas Armadas dentro del sistema ordinario y permanente de seguridad interior en tiempos de paz. 

“En contravención a las condiciones constitucionales de validez que sobre la actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivadas de la interpretación de los artículos 29, 89, fracción VI, y 129 (...) de la Constitución Federal”, indica la sentencia. 

MUCD destacó que el juez consideró que el Ejecutivo no justificó adecuadamente el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía. 

Un acuerdo vago

Al ordenar la “coordinación” entre civiles y militares en este acuerdo, se viola el requisito de subordinación a las fuerzas civiles que ordena también el texto constitucional, determinó el juez. 

“El Acuerdo reclamado no establece una debida fiscalización de las actuaciones de las autoridades militares que lleven a cabo funciones de seguridad pública. Únicamente se limita a señalar que las tareas que realicen las instituciones castrenses, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”, señala la resolución. 

La sentencia indica que el acuerdo es vago porque no se puede establecer con claridad, a qué autoridades se someterán las autoridades castrenses para el debido control de las actuaciones que lleven a cabo en materia de seguridad pública y esta omisión causa un estado de inseguridad jurídica. 

Por Diana Martínez