GUADALAJARA. Habitantes de comunidades de la cuenca del río Santiago, en Zapopan, acusaron a los gobiernos estatal y federal de permitir la construcción de proyectos geotérmicos, sin previo aviso y en un aparente caso de despojo de tierras para la explotación del subsuelo y el uso de agua caliente
Vecinos de la comunidad de Ixcatán indicaron que la administración de Enrique Alfaro permite que se lleven a cabo dichos planes en más de 2.5 mil hectáreas.
Los terrenos en cuestión pertenecen a San Francisco de Ixcatán –al menos mil catá100 hectáreas– y a la comunidad indígena del lugar, así como algunos pequeños propietarios de La Soledad.
Contrario al anuncio que hizo el mandatario estatal, en diciembre pasado, de no permitir el proyecto de la termoeléctrica La Charrería, en Juanacatlán, los proyectos que comprometen la riqueza de estas zonas, y que se otorgaron durante la administración federal de Enrique Peña Nieto, continúan.
En el 2015 se concesionaron dos mil hectáreas para la exploración y explotación de energía geotérmica y prácticamente están comprometiendo este territorio con dos proyectos, uno a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el otro a empresarios
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José Casillas, presidente de Bienes Comunales de la comunidad indígena de Ixcatán, en entrevista con José Ángel Gutiérrez, para El Heraldo Radio Jalisco, comentó que son más de 16 mil habitantes de las comunidades que están en las inmediaciones de la cuenca del río Santiago, cuyos títulos de propiedad datan de 1692.
Indicó que han padecido la contaminación de este afluente por vertederos de basura, y denunció la intención de despojarles de sus tierras.
Para el proyecto geotérmico en Ixcatán están comprometiendo mil 100 hectáreas y para La Soledad, 900 hectáreas, además de 500 que se ubican pasando la cabecera municipal de San Cristóbal de la Barranca.
Las dos primeras emplearán agua caliente que hay en el subsuelo de la zona volcánica para generar energía eléctrica.
Mencionó que bajo el expediente PFPA/21.7/2C.28.1-/00029-19, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recibió la denuncia el 4 de noviembre de 2019, en que piden una comisión especial.
POR MAYELI MARISCAL
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