El gobierno del estado mandó al Congreso local una modificación a la Ley del Transporte Público para que se considere como un delito sancionable hasta con seis años de prisión conducir sin la concesión pertinente, informó el secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, quien agregó que la propuesta ya fue enviada por el mandatario Miguel Barbosa Huerta, para que pueda ser aprobada lo más pronto posible.
En rueda de prensa, el funcionario dijo que “el objetivo es reducir el pirataje en el transporte público; se reformará el artículo 190 bis del Código Penal de Puebla para incrementar las multas que existen en la actualidad”.
También se endurecieron algunas sanciones, como manejar con placas sobrepuestas, las cuales se actualizaron bajo el esquema de Unidades de Medida y Actualización (UMA), y llegarán a ser de ocho mil 600 pesos a 39 mil pesos.
La dependencia también aplicará multas de tres mil 909 pesos a 12 mil 597 pesos a quienes circulen en vehículos que excedan la antigüedad establecida para garantizar la modernización de las unidades.
Aréchiga Santamaría comentó: “Esto va a implicar sanciones económicas; va a implicar la cancelación de la licencia de conducir a quien se encuentre en esta condición; y la cancelación definitiva del tarjetón de circulación, además de la pena corporal”, y agregó que la decisión final quedará en los legisladores locales.
En el caso de los operadores, serán considerados por la ley como cómplices, en caso de comprobarse que ellos sabían que manejaban vehículos sin los permisos correspondientes.
Cabe mencionar que se modificó el Tabulador de Infracciones para el Servicio Público de Transporte y el Servicio Mercantil y que considera 82 diferentes conceptos relacionados con el cumplimiento que los permisionarios deben dar al Reglamento de la Ley del Transporte para el Estado.
En las modificaciones también se presentó un ajuste en el Reglamento para Grúas y Corralones, ya que se detectó que hay indicios de corrupción porque no había una norma clara para los 200 corralones del estado, donde sólo dos están regulados por el estado y 50 por el gobierno federal.
Por Claudia Espinoza
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