Autoridades del gobierno federal fueron demandadas por el acuerdo migratorio firmado entre México y Estados Unidos el 7 de junio 2019 y ahora enfrentan un juicio de amparo con el que activistas buscan anular este pacto y frenar sus efectos como las deportaciones y el envío de la Guardia Nacional con facultades migratorias.
El Heraldo de México tiene copia de la demanda de amparo presentada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y que fue desechada por el juez décimo primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México por considerarla notoriamente improcedente.
Sin embargo, la organización promovió un recurso de queja ante el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que determinó que la inconformidad presentada fuera admitida.
La demanda fue presentada contra la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, por considerar que el acuerdo migratorio es contrario a las garantías constitucionales, por ejemplo, las relacionadas con la división de poderes, y viola también leyes mexicanas y tratados internacionales.
En el documento se señala la inconformidad con la Declaración conjunta México y Estados Unidos y el Acuerdo complementario, este último firmado por Alejandro Celorio, consultor Jurídico de la SRE.
“La ejecución de dicho acto, sin el control del órgano deliberativo competente, comporta una violación de los artículos 76 fracción I y 133 de la Constitución”, indica la demanda.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la FJEDD, señaló que se espera que quede sin efecto el acuerdo migratorio que ha derivado en consecuencias graves al vulnerar la vida e integridad de los solicitantes de asilo; que se frenen las deportaciones masivas y el envío de elementos de la Guardia Nacional al sur.
Por Redacción El Heraldo de México
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