Ignacio Morales Lechuga, ex Procurador General de la República y de la CDMX y ex Rector de la Escuela Libre de Derecho, aseguró que las reformas al poder Judicial que quiere proponer el actual gobierno federal afecta las garantías de los ciudadanos mexicanos y crea un retroceso en materia legal.
Entrevistado por Adriana Delgado, conductora de El Dedo en la Llaga, y el periodista José Luis Camacho, el ex funcionario recordó que las reformas que se han realizado entre 2018 y 2019 se han enfocado en temas de justicia, fuerza policial, militares y fiscales, por lo que indicó que pareciera que el gobierno se maneja más con el Código Penal que con la Constitución Política.
Señaló que con esta situación pareciera que "empiezan a sentirse amenazados", pues desde su perspectiva, han puesto a los contribuyentes como delincuencia organizada y "ya sólo falta que el adulterio fuera delincuencia organizada". Destacó que el hecho de que el Senado nombre jueces sobre jueces "es un despropósito", y aunque dijo que la iniciativa tiene una serie de pormenores, negó que se le haya dado marcha atrás, sino que sólo se pospuso.
[nota_relacionada id=819562]Apuntó que en materia política lo que quiere decir es que tomarán un tiempo para "darle una arregladita" y luego presentarla, aunque no reconocen que está mal, por lo cual advirtió que se debe estar alerta sobre lo que se presenta. Morales Lechuga cuestionó si alguna propuesta presentada por el gobierno ha hecho avanzar las garantías de los ciudadanos y respondió de manera negativa, enumerando la ley de extinción de dominio y la prevención preventiva al omitir la presunción de inocencia.
"Desde el 1 de diciembre de 2018 el ciudadano ha perdido terreno."
En este escenario, aseguró que la tendencia de esta ley va en ese sentido, al eliminar a jueces de control quienes determinan si se procesa a alguien o no para cambiarlo por la figura del fiscal. Explicó que con esta medida, el fiscal tiene el derecho de privar a alguien de la libertad o de decretar el arraigo, por ejemplo, y afirmó que "eso es ponernos en manos de alguien que puede cometer muchas violaciones".
Subrayó que esta situación podría llevar al país a tener una justicia selectiva, lo cual describió como "una injusticia". Afirmó que así no habrá juez que pueda frenar el poder del fiscal, lo cual significa "un retroceso, una regresión, una amenaza grave a las garantías humanas". Admitió que el sistema judicial necesita de supervisión y aunque durante este gobierno se presume una lucha contra la corrupción, recordó que por ejemplo, no se ha separado a la Secretaría de la Función Pública del poder Ejecutivo.
[nota_relacionada id=821596]Entérate de los detalles en El Dedo en la Llaga.
Escucha aquí la entrevista.
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Por: Redacción Digital El Heraldo Radio
AAF