El operativo Mochila Segura carece de un protocolo homologado, pues lo único que se decomisa a los estudiantes son preservativos, celulares y a veces drogas, por lo que mediante amparos se ha buscado frenar su aplicación.
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la infancia en México (Redim), señaló a El Heraldo de México que Mochila Segura no funciona porque los crímenes no se cometen específicamente en las escuelas y a los profesores se les asignan labores de policías con estas revisiones.
Es un engañabobos que utilizan los políticos y las políticas como control mediático porque el debate no es Mochila Segura, sino la violencia que viven los niños en este país que no se quiere asumir la responsabilidad del Estado para cambiar”, enfatizó .
Dijo que no hay certeza de cuántas entidades aplican este operativo, ya que es coyuntural, pues en cuanto ocurre un incidente en una escuela, se reactiva temporalmente.
“En cuanto sucede algo extraño rápidamente esa es la respuesta que tienen y dura un mes, dos meses y después se cambia, porque eso cuesta dinero, salvo en 2007 que Calderón invirtió dinero público porque estaba en el Presupuesto de Egresos de la Federación hasta 2009, después ya no y dependen de lo que les cobren a los padres de familia”, aseguró.
En 2017 este operativo era aplicado en, al menos, 18 entidades y se llegó a esta cifra luego de que un alumno disparó a su maestra y compañeros en Nuevo León.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48/2019 dirigida a la Secretaría de Educación Pública por la aplicación de este operativo en la pasada administración y que violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como el principio de interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México.
Según el organismo, el programa no tiene un protocolo homologado que permita su aplicación a nivel nacional que considere el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos.
El operativo carece de un enfoque de derechos humanos, que no se cuenta con un protocolo general y homologado para su aplicación a nivel nacional, lo que ha generado que las autoridades escolares lo apliquen a su libre arbitrio y sin capacitación a quienes lo llevan a cabo”, indica la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
POR DIANA MARTÍNEZ
eadp