María es ciega, vive en Colima y durante 20 días le hicieron cargos a su tarjeta de crédito por compras en Internet que no realizó.
Reclamó al banco argumentando que por su condición no ocupa Internet, pero la institución bancaria rechazó su petición y comenzó a cobrarle comisiones e intereses por los consumos no reconocidos.
La mujer de aproximadamente 40 años de edad presentó una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) porque el banco no verificó las compras antes de hacer los cargos.
María logró que la Condusef dictaminara a su favor el 28 de julio de 2017, sin embargo, el banco insistió en mantener los cargos.
La mujer con discapacidad pidió ayuda al Instituto de Defensoría Pública, del Poder Judicial de la Federación y el asesor jurídico Miguel Ángel Pérez Corona presentó el 28 de febrero de 2018 una demanda de juicio oral mercantil contra el banco, lo que derivó en que la institución financiera cancelara los cobros.
Hasta junio de 2018, María se desistió de la demanda luego de comprobar que se retiraron totalmente los cargos.
“La persona viene con nosotros y llevamos el caso a un juicio oral mercantil y ante la demanda el banco decide allanarse y cancela los cargos, aunque la persona ya había pasado por la Condusef, la situación seguía igual y una vez que promovemos la demanda y se les notifica y exhibimos las pruebas como el estado de cuenta, el expediente de la Condusef, ellos (el banco) deciden cancelar los cargos”, señaló a El Heraldo de México.
Pérez Corona detalló que el monto de los cobros fue 5 mil 337 pesos, pero la cifra se triplicó debido a los intereses, además destacó la importancia del caso por tratarse de una mujer con discapacidad.
"Solo sabemos que fueron compras por Internet… aparentemente fueron por videojuegos", dijo.
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El asesor jurídico dijo que es común que, por lo menos en Colima, lleguen asuntos de cargos no reconocidos.
Al año, señaló, atienden 100 casos aproximadamente de estos cobros indebidos por parte de instituciones bancarias, aunque no de personas con discapacidad.
Por: Diana Martínez
dhfm