Aunque crearon o reformaron leyes contra del uso de las bolsas de plástico, las legislaciones ecológicas estatales tienen lagunas que permiten su uso sin que los responsables sean sancionados.
Entre las excepciones están expedir bolsas hechas de material reciclable o biodegradables, como sucede en 16 entidades del país, así como en municipios de otros cinco estados.
Otros aprobaron sus regulaciones en 2019, pero dieron prórroga de 12 hasta 24 meses para aplicar sanciones, como Baja California Sur, Querétaro, Guerrero y Nuevo León. En Tabasco la ley sólo prohíbe dar bolsas de manera gratuita.
En Sonora, la iniciativa presentada en 2018, consideraba la prohibición total de fabricación de bolsas; sin embargo, en su aprobación, la reglamentación únicamente indicaba que los productos fueran hechos con 10 por ciento de material reciclado.
En cuanto a las sanciones, la disparidad es notoria; en Baja California la multa es de dos mil pesos, mientras que en Chihuahua y Veracruz, puede alcanzar nueve millones y seis millones, respectivamente.
Para Miguel Rivas Soto, líder del proyecto de Océanos sin plásticos de Greenpeace México, los congresos locales aprobaron leyes con esas excepciones por sentirse presionados.
“Muchos legisladores le tienen miedo a la industria, quienes ponen de pretexto la situación de las familias afectadas por los empleos que se pierden y más con el crecimiento de la economía actual”, explicó
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POR JOSÉ RÍOS
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