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Polis, libres por yerros

hubo resoluciones judiciales sin firma del juez, detalló alejandro encinas

NACIONAL

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Resoluciones judiciales sin la firma del juez y la negativa de prórroga para la aplicación del Protocolo de Estambul son algunas irregularidades que permitieron la liberación de 24 policías implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Advirtió que el ex líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, alias El Chino, y otros 51 implicados en la desaparición de los normalistas podrían obtener su libertad en las próximas semanas por inconsistencia y errores en sus expedientes.

Una resolución que no firma el juez, sino que firma la secretaria de acuerdos, la señora Adriana Ruvalcaba Velázquez, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, el señor Samuel Ventura Ramos, del cual no encontramos fotografía alguna, ni registro alguno, en las páginas del Poder Judicial e incluso, del propio juzgado que él encabeza, dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes”, expuso.

En conferencia de prensa, el subsecretario denunció que el juez ordenó practicar 17 pruebas del Protocolo de Estambul para determinar si existió tortura, lo cual consideró que es “materialmente imposible”, y aunque se solicitó una prórroga fue negada.

“Esta resolución sienta un grave precedente otorgando beneficio a los imputados sin que hubiera sentencia de tortura, sólo con la mera presunción, privilegiando de nueva cuenta el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general”, aseguró.

El subsecretario afirmó que esta resolución “es una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país; es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad, y la impunidad para conocer la verdad”.

Reveló que, del análisis a resoluciones, “en 13 casos de los que quedan pendientes, en tres podrían acreditarse dilación en la puesta a disposición; en 20 más, detenciones ilegales por falta de flagrancia”.

Además, puede considerarse una detención ilegal por haber sido ordenada de forma irregular, a los que se suman 12 casos de tortura y tratos crueles inhumanos, aunque en algunos casos no se aplicó el Protocolo de Estambul; en nueve casos, exceso de incumplimiento de una orden de presentación; un caso de incomunicación; y seis casos de violación al derecho a la defensa adecuada.

POR PARIS ALEJANDRO SALAZAR

edp