Inmobiliaria, bajo proceso

Los responsables de las obras irregulares del desarrollo inmobiliario, ubicado en Baja California 370, colonia Hipódromo, fueron vinculados a proceso penal. Éste es el primer caso que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) logra llevar a un juez penal, respecto de las más de 500 denuncias que ha presentado desde 2002. Lo anterior, junto con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur). El 25 de julio de 2017, la PAOT presentó la denuncia penal por violaciones a disposiciones en materia de desarrollo urbano. La denuncia no había procedido hasta mediados del mes de junio de 2019, cuando el Ministerio Público determinó judicializar el asunto y vincular a proceso a los imputados. Uno en calidad de Director Responsable de Obra (DRO) y el otro como representante de la persona moral propietaria del inmueble. Adicionalmente, la PAOT hizo una ampliación a la denuncia penal para perseguir no sólo la probable responsabilidad penal del DRO o del propietario, que implicaría su privación de la libertad, sino también de la empresa. Eso representaría una sanción económica, tasada en “días multa”. Es decir, basada en el ingreso diario de la empresa inmobiliaria. Desde el 10 de abril de 2017, la PAOT emitió una resolución donde determina que la obra rebasó por 23 metros la altura permitida, hasta alcanzar el equivalente a 15 niveles (7 pisos excedentes). Por lo anterior, se solicitó la custodia de folios ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio para evitar cualquier transacción comercial del inmueble. Por los pisos excedentes, la PAOT también logró una resolución para ordenar su demolición. “El caso de Baja California 370 puede sentar un precedente para que las irregularidades cometidas por parte de algunos desarrolladores se observen las consecuencias jurídicas que contempla la ley y, entonces sí, combatir la impunidad”, señaló Mariana Boy, titular de PAOT. POR MANUEL DURÁN