En 2018, las acciones contra la trata de personas se realizaron de manera desarticulada debido a una deficiente actuación de la Comisión Intersecretarial y omisiones que evidencian el desinterés y simulación del Estado mexicano para atender el problema.
Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación en su más reciente reporte sobre la fiscalización de recursos en ese rubro.
En el documento se pide a tres dependencias justificar el gasto asignado para esa causa.
El año pasado se ejercieron 832 millones 683 mil de pesos por parte de la Segob, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).
“Se identificaron omisiones en el cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes, entre ellos la Segob, la CEAV y la PGR.
“Cuatro de sus cinco Grupos de Trabajo no sesionaron en 2018; se detectó el desconocimiento del cumplimiento de 72.4 por ciento de los 163 acuerdos establecidos, así como una laxa coordinación con los 32 gobiernos estatales, que ocasionó que ninguno contara con los 10 mecanismos previstos para asegurar una eficaz atención del delito de trata de personas”, alerta la Auditoría.
Además, a seis años de la publicación de la nueva ley contra dicho delito, la Segob no dispuso del sistema en la materia ni de la documentación de su contratación, cuyo costo aproximado fue de mil 563.8 millones de pesos.
Por Manuel Durán