El Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) interpuso un amparó en el Juzgado XV de Distrito en Materia Administrativa, contra la decisión del INEGI de cancelar, por falta de presupuesto, la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL), herramienta que pone en evidencia datos como malos tratos, tortura durante en el arresto, entre otros.
Simón Hernández, consultor del IJPP en entrevista para El Heraldo de México aseguró que la Corte tiene la oportunidad de actuar frente a la omisión de las autoridades de un instituto que tiene autonomía, pero no por eso se debe que sustraer de sus obligaciones.
Criticó que INEGI no haya considerado medidas de ajuste para evitar la cancelación de la encuesta, y solo argumento la falta de recursos para inactuar.
Ademas, dijo, es cuestionable que la Junta de Gobierno del INEGI haya autorizado incrementos salariares a sus altos mandos antes de que entrara en vigor la Ley Federal de Remuneraciones y luego se diga que no se cuenta con presupuesto.
“El hecho de que una autoridad se valide con un tema económico o de austeridad para incumplir sus obligaciones puede llevarnos a márgenes amplios de discrecionalidad, ya que el INEGI cancela, sin una justificación de análisis. Este caso podría de generalizarse para que cualquier autoridad no quiera actuó bajo el argumento de la falta de recursos y eso podría paralizar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades”, precisó.
El especialista en justicia penal explicó que en el amparo del IJPP se apela al interés legítimo, la progresividad de los derechos humanos, así como el cumplimiento de una recomendación internacional.
“Este amparo puede ser el mecanismo para que el Estado a través del poder judicial cumpla con la recomendación internacional del Comité contra la Tortura de Ginebra, para que se garantice la realización de la ENPOL”, detalló.
Otro elemento para que el Poder Judicial de la Federación se decida a favor del amparo que interpuso el IJPP, agregó, es porque la ENPOL esta establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y el INEGI la incumple con su decisión.
Simón Hernández advirtió que no contar con una encuesta como la ENPOL, afectaría temas importantes de derechos humanos, combate a la tortura, así como el monitoreo de las prácticas de las autoridades en el sistema de justicia penal.
“Eliminar una herramienta importante como la ENPOL invisibiliza problemas en prisión y las politica pública, porque no se cuenta con la información.
Finalmente destacó que la ENPOL es un instrumento que permite a los investigadores y otras dependencias del gobierno federal evaluar las políticas públicas y mejorar las prácticas institucionales.
Por: Elena Soto