El Gobierno de Veracruz, a través de las secretarías de Gobierno (Segob) y Seguridad Pública (SSP), interpuso una denuncia en contra del fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
Lo anterior ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en el puerto de Veracruz por supuesta dilación de la justicia y por ocultar órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial contra supuestos criminales.
Los titulares de Segob, Eric Cisneros Burgos y de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, revelaron que hay indicios de que Winckler Ortiz no solamente ocultó 150 órdenes de aprehensión durante 2017 y 2018, sino que también lo ha estado haciendo en lo que va de 2019, con 100 aproximadamente, es decir durante el inicio del gobierno morenista de Cuitláhuac García.
Se trata de la segunda denuncia que ambos funcionarios interponen en contra del fiscal general, quien llegó al cargo a finales de 2016, durante la administración del panista, Miguel Ángel Yunes Linares.
Cisneros Burgos acusó que la SSP ha realizado capturas en flagrancia, sin embargo la Fiscalía no ha buscado las órdenes de aprehensión que existen en contra de los criminales o no las ha reportado en Plataforma México, pese a que en algunos casos ya habían sido concedidas por un juez.
“Por eso estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República que haga una investigación, a fin de que solicite al Poder Judicial del Estado de Veracruz revisar cuántas órdenes solicitó la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler, la fecha en que fueron concedidas por un juez y si han sido o no reportadas a Plataforma México”, comentó el funcionario.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, subrayó que la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez no tolerará la corrupción al interior de la FGE, pues eso obstaculiza el trabajo que se realiza en materia de seguridad.
También rechazó que la Fiscalía actúe con eficiencia en los casos denunciados en la entidad, al contrario, hay impunidad en cuanto a la incidencia delictiva del fuero común; por lo que el Gobierno de Veracruz hará uso de los canales institucionales para que las autoridades federales determinen si hay o no irregularidades.
Por Jesús Ruiz/Veracruz