VILLAHERMOSA.- El Congreso de Tabasco acordó endurecer las penas para quienes al manifestarse contra el gobierno impidan la ejecución de obras públicas o privadas.
El PRI se opuso a la reforma por considerar que se trata de una medida para impedir la libre manifestación de ideas.
De acuerdo a la nueva disposición, alcanzarían entre 10 y 20 años de prisión quienes impidan un trabajo efectuado por el gobierno o por particulares.
La iniciativa presentada por el gobernador morenista Adán Augusto López Hernández fue aprobada con tres votos a favor y uno en contra, en la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso del estado.
Los legisladores aprobaron ayer modificar los artículos 299, 306, 307 y 308, adicionando el artículo 196 bis; y del artículo 308 bis, todos del Código Penal de Tabasco, de tal manera de que ahora será más castigada esa conducta.
A nombre de la bancada del PRI, la diputada Ingrid Rosas Pantoja manifestó que, por lo elevado de las penas, la iniciativa pretende usarse como pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra de los tres niveles de gobierno federal, aunque se trate de protestas pacíficas.
“Veo que no bastó la ‘Ley del garrote’ que aplicaron recientemente, sino que ahora quieren volver delincuente a cualquiera que se atreva a reclamar un derecho, o exigir un servicio creando una ‘Ley anti marchas’, estoy segura que el presidente Andrés Manuel López Obrador desconoce este atropello democrático que se quiere hacer, porque no lo permitiría, ya que él siempre reclamó el derecho a manifestarse libremente”, subrayó.
Las penas para quienes cometan estos delitos irán desde los seis hasta los 20 años de prisión.
Asimismo, quienes sean servidores públicos y cometan estos delitos, serían inhabilitados de cinco a 10 años.
“Lo que estamos tratando aquí es meter un orden, en donde las cosas que son justas se hagan, y se están aumentando penas de 10 a 20 años para las personas que estén cometiendo delitos, si son servidores públicos también se está prácticamente legislando, para que también sean inhabilitados de cinco a 10 años. Un ejemplo, si están obstruyendo vías de comunicación, porque muchas veces se va hacer una obra, y entonces se trata de tapar vías de comunicación en donde estamos, pues prácticamente perjudicando a terceras personas que no tienen nada que ver”, dijo.
La propuesta podría bajar al pleno el próximo lunes en la sesión extraordinaria.
Por Rodulfo Reyes, corresponsal