El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de Baja California (PBC), impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ampliación del periodo de la Gubernatura.
Tras la declaración de procedencia hecha por los Diputados del Congreso Estatal, Abraham Correa Acevedo, dirigente estatal del PRD y Mario Favela Díaz, dirigente estatal del PBC, anunciaron que ambos partidos, por separado, presentarán una controversia constitucional, porque la reforma es violatoria a la Constitución.
Por su parte, el ex candidato a alcalde del PRD, Julián Leyzaola Pèrez, acusò al Gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, de dedicarse a comprar personas y voluntades, antes, durante y después del proceso electoral del dos de junio.
El Teniente Coronel reveló que en varias ocasiones Bonilla Valdez, lo buscò para abordar el tema pre electoral y electoral, pero aseguró que decidió no reunirse por los antecedentes que tiene de corrupción.
Mientras tanto, el Partido del Trabajo (PT) en Baja California, presentó dos recursos de impugnación contra la asignación de diputados de representación proporcional (RP) que determinó el Instituto Estatal Electoral de Baja California, y que lo despojó de una diputación plurinominal.
La asignación de la diputación fue para el panista, Miguel Àngel Bujanda, coordinador estatal de Gabinete y ex secretario particular del Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid.
Julio César Vázquez, Comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT), informó que el primero recurso lo presentaron como partido político, y el segundo, Virginia Ortega García –afectada-, a quien se le debió aplicar el principio constitucional pro persona.
Es una bajeza: PBC
Al calificar la actuación de los Diputados de la 22 Legislatura como “cobarde”, “una bajeza” y “tramposa”, Mario Favela informó que prepara el texto de la demanda de controversia constitucional contra la ampliación del periodo de la gubernatura del Estado.
Mario Favela Díaz, dirigente estatal del PBC, aseguró que los abogados del instituto político consideran que, a diferencia de la demanda que interpusieron hace unos días los Ayuntamientos de Tijuana y de Mexicali, esta que ahora han comenzado a elaborar tiene muchas probabilidades de ser aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La Suprema Corte rechazó las demandas de los gobiernos municipales citados, porque la reforma que impugnaban aún no se concretaba; es decir, esas controversias promovidas fueron improcedentes porque el acto que repudiaba no era definitivo, era un procedimiento legislativo inconcluso”, indicó.
En cambio, reiteró, la confirmación que hicieron los diputados a su decreto del 8 de julio, ratificado este pasado martes 23 de julio, con todo y que fue una “bajeza”, un acto “cobarde” y “tramposo”, ya permite argumentar que es un proceso legislativo concluido, aunque está pendiente la publicación oficial, en estos días.
El dirigente del Partido de Baja California dijo que la controversia constitucional se estará presentando en el transcurso de la semana próxima, y tienen esperanza de que va a proceder, pues además estarán muchas otras organizaciones civiles inconformándose legalmente contra lo que ya se conoce como la Ley Bonilla.
Al referirse a las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y del propio gobernador electo, Jaime Bonilla Valdéz, Favela señaló que “la hipocresía que señalan no fue de los partidos políticos, sino de unos cuantos diputados, que votaron por sus intereses muy particulares”.
“Los diputados que votaron a favor de la reforma al Octavo Transitorio del Decreto 112 del año 2014 a la Constitución Política local, no representaron ni a sus partidos ni a la gente; y ahora tendrán que afrontar no solo la vergüenza de presentarse ante la sociedad, sino de haber empañado el honor de sus hijos y sus familias”, explicó el líder del PBC.
Mientras que partidos como el PRI, el PAN, y Movimiento Ciudadano han anunciado que expulsarán de sus cuadros de militancia a sus legisladores que votaron a favor de la llamada Ley Bonilla, el presidente del CDE del PBC aclaró que el legislador de ellos “no se involucró en esa traición al pueblo”.
“De hecho, no está en discusión si lo mejor o lo peor es que la gubernatura sea de 2 o de 5 años, sino de que esa reforma la hicieron después de que terminó el proceso electoral 2018-2019, lo cual viola la Constitución Nacional y viola el principio de certeza legal del voto emitido el pasado 2 de junio”, agregó.
Tampoco pueden argumentar desastres económicos, políticos y sociales, elevación de criminalidad y otras problemáticas por gobiernos estatales de 2 años, porque “los buenos gobernantes pueden hacerlo bien en 2 o 5 años; aquí de lo que se trata es de que respeten la Ley”, acusó.
“Se registraron para una gubernatura de 2 años, y no deben cambiar eso después de concluido el proceso electoral; eso es peligroso, porque mandarían el mensaje de que ya cualquier personaje político que gane una elección quiera cambiar la Constitución y las leyes a sus caprichos; mucho cuidado con eso”, concluyó.
Por Atahualpa Garibay
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