Debido a que el derecho a la movilidad es de naturaleza social y debe ser garantizado para todas las personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), pidió al Gobierno del Estado y a concesionarios, reconsiderar el aumento al transporte público de 9.50 pesos por pasaje debido a que se incumplen con mejoras tanto en calidad del servicio y no se garantizan las condiciones laborales de los operadores.
"Ningún gobierno puede estar ajeno al clamor ciudadano, en este sentido esta defensoría ha iniciado un acta de investigación para conocer a detalle el proyecto anunciado por las autoridades y en su caso, fomentar la participación ciudadana y la cohesión social", señaló Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ.
Este incremento que representa el 35.71 por ciento sobre la tarifa de siete pesos actual y que iniciará el próximo sábado 27 en todo el Sistema Tren Eléctrico Urbano (SITREN) y Macrobus, debe ser analizada a profundidad con una metodología de cálculo exacta que coadyuve a la obtención de una tarifa justa del pasaje.
El organismo insistió que es necesario tomar en consideración elementos financieros y técnicos, variables de mercado, de producción, de rendimiento, así como de constantes y determinados, deducir el costo por kilómetro recorrido, número de pasajeros por hora, hasta llegar con ello al costo del boleto o pasaje.
Históricamente, la CEDHJ ha emitido recomendaciones (9/1999, 13/2005 y 32/2011), en el sentido de promover reformas legales para mejorar la calidad en la prestación del servicio de transporte público, entre las que figura las actualizaciones tarifarias y la dignificación del servicio, así como de las condiciones de trabajo para conductores.
También solicita que se proceda de inmediato a la revisión de todas las unidades que forman parte de las rutas a las cuales se les ha autorizado el incremento y garanticen el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que lo motivaron, el acceso al transporte a personas con discapacidad, la perspectiva de género y ponga en práctica políticas públicas reales y efectivas que estén destinadas a dar soluciones de fondo a los problemas del transporte público, cuidando en todo momento que esas medidas se traduzcan en la viabilidad financiera que haga rentable la prestación del servicio de transporte, pero sobretodo, que lo mantenga asequible a la población atendiendo a sus condiciones socioeconómicas.
Por Mayeli Mariscal
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