El Instituto Nacional de Migración (INM) está bajo la lupa de autoridades judiciales por probable incumplimiento de la orden de un tribunal federal de diseñar e implementar urgentemente un plan para asegurar alternativas a la detención de niños que se encuentran en la estación migratoria Las Agujas, en la Ciudad de México.
Sin Fronteras, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana promovieron un juicio de amparo por las condiciones en las que se encuentran los niños en esta estación que se localiza en Iztapalapa, pues detectaron hacinamiento y solicitaron que los menores de edad no permanezcan detenidos.
El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó además al INM y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes identificar e individualizar a todos los menores de edad, acompañados o no, que se encuentran en ese lugar.
Simón Hernández, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana, señaló a El Heraldo de México que estas organizaciones presentaron un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México que podría pronunciarse al respecto en los próximos días.
“Las autoridades no han, hasta la fecha, cumplido adecuadamente con esta orden del tribunal, no se ha identificado a todas las niñas y niños para determinar su situación jurídica el tiempo que llevan ahí, su condición, si están acompañados o no y tampoco se han generado las alternativas en libertad", dijo Hernández.
En el recurso presentado y al que tuvo acceso este medio de comunicación, las asociaciones señalan que en una visita en la estación se encontró a 38 menores de edad, además, piden al juzgado que determine si hay una responsabilidad derivada del quebrantamiento de la suspensión y si esto amerita una sanción.
“A pesar de contar con un término de 24 horas para dar cumplimiento a la medida e informar los actos tendientes a su cumplimiento, las autoridades responsables han incurrido en incumplimiento y en actitudes evasivas, argumentos competenciales o con respuestas que se limitan a describir obligaciones de las autoridades conforme al marco jurídico nacional”, indica el incidente.
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Por: Diana Martínez
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