Jaime Martínez Veloz, excandidato a la gubernatura de Baja California por el PRD, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los 21 legisladores locales que aprobaron la llamada Ley Bonilla.
El exaspirante criticó la modificación constitucional, aprobada el pasado 8 de julio, que amplía el periodo de la próxima gubernatura, en beneficio del candidato de Morena, Jaime Bonilla.
“Venimos a interponer esta denuncia para que se investigue a fondo qué es lo que pasó entorno o qué estuvo en el contexto de la decisión de la ampliación del periodo del gobierno de dos a cinco años en Baja California”, dijo en las oficinas de la FGR.
Martínez acudió a la dependencia acompañando de Fernando Belauzarán y Ángel Ávila, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
Al presentar el escrito, al grupo de denunciantes se les rechazó la queja porque no contenía el nombre del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Por ello, los perredistas acudieron a un café internet para corregir el documento y lo presentaron de nuevo a la dependencia, donde fue sellado por la dirección general de la unidad de documentación y análisis de la Fiscalía.
FRACTURA ALIANZA
Mientras, en Baja California, la Ley Bonilla amenaza con fracturar la coalición de Morena y el Partido del Trabajo (PT) en el estado. Este último asunto se complicó tras la decisión del Instituto Estatal Electoral (IEE) de retirarle al PT una diputación plurinominal, correspondiente a una mujer, con base al porcentaje que obtuvo en la elección anterior.
El órgano electoral determinó que ésta fuera para el PAN y quedó en ese sitio Miguel Ángel Bujanda, ex secretario privado y actual coordinador de gabinete del gobernador, Francisco Vega.
Versiones señalaron a Bujanda como uno de los operadores del gobernador para convencer a los 11 diputados del PAN para votar a favor de la ampliación del periodo.
Cuando el IEE retiró al PT la diputación y se la asignó al PAN, Morena no impugnó.
En este sentido, el diputado electo por el Distrito 7 y dirigente estatal del PT, Julio César Vázquez Castillo, llamó a los integrantes de la XXII Legislatura a atender el exhorto del Congreso de la Unión y revocar la ampliación.
POR ARCELIA MAYA Y ATAHUALPA GARIBAY