El caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, investigado por una presunta compra de una compañía chatarra, ha puesto en la opinión pública nuevamente el tema del recurso de amparo.
Javier Coello Trejo, abogado del exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha informado en reiteradas ocasiones en las últimas semanas sobre la presentación del recurso jurídico, primero contra órdenes de aprehensión pero también contra el congelamiento de cuentas, entre otras cosas.
De igual forma otra de las piezas investigadas en el mismo caso sobre la planta de fertilizantes, es Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), quien desde España de igual forma ha promovido los mismos recursos.
El recurso de amparo es definido como un medio de control de constitucionalidad el cual tiene como objetivo proteger los derechos humanos y los fundamentales de los gobernados establecidos en la Constitución Mexicana.
Otra de las definiciones habla que se trata de un recurso a través del cual los gobernados pueden defenderse de los actos de autoridad que vulneren sus garantías individuales.
Cabe aclarar que el recurso puede impugnar todo tipo de actos de las autoridades federales, locales y municipales pero nunca de particulares. También es calificado como un medio extraordinario de defensa que procede únicamente contra actos definitivos.
En conclusión las distintas explicaciones jurídicas indican que es un recurso que protege a los particulares de acciones que afecten o agravien a un particular.
Otro punto a destacar es que el amparo es una creación mexicana, la cual fue plasmada en la Constitución Federal de 1857.
Una aclaración que han hecho los juristas es que un amparo no es concebido como una ayuda para proteger delincuentes o infractores de la ley y su finalidad es convertirse en una protección con injusticias y errores provenientes del actuar de una autoridad.
Por Redacción Digital El Heraldo de méxico
gzm