Congreso va contra la ley Bonilla

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un pronunciamiento en contra de la llamada Ley Bonilla, que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno del mandatario electo en Baja California, el morenista Jaime Bonilla. En el acuerdo elaborado por la Mesa Directiva de la Permanente, los legisladores llamaron al Congreso estatal y a los ayuntamientos a dejar sin efecto el decreto de reformas a la Constitución de Baja California para extender el periodo del gobernante. Además, solicitó que se realicen acciones conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el orden constitucional. El pronunciamiento fue firmado por Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva de la Permanente; los vicepresidentes Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, y el diputado Elías Lixa (PAN), así como los secretarios Mónica Fernández, Manuel Añorve (PRI), Tonatiuh Bravo (MC) y Katya Elizabeth Ávila (PES). La Permanente manifestó su rechazo al decreto de reformas a la Constitución Política de Baja California, aprobadas por los diputados locales el 8 de julio pasado, con las cuales se pretende extender tres años el próximo periodo de gobierno.

CNDH analiza acción

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analiza el escrito que un grupo de ciudadanos presentó el pasado lunes, en el que solicitan su intervención para frenan la llamada Ley Bonilla. Ese día, integrantes de diversas organizaciones, entre éstas el movimiento Más Cuarta Transformación, creada por Jaime Martínez Veloz, ex candidato a gobernador por el PRD, solicitaron afuera de las oficinas de la CNDH que ejerza su facultad de presentar el recurso legal –una controversia constitucional– al considerar que se violan sus derechos políticos con la ampliación de la gubernatura. El organismo respondió que, al considerar que la naturaleza y características particulares del acto que se aduce vulnera derechos humanos, se ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para tal efecto. La CNDH aclaró, que en su oportunidad, previo estudio y análisis del caso, tomará la determinación que proceda. Por Gerardo Suárez y Arcelia Maya