Debaten senadores por destino de recursos de Ley de Extinción de Dominio

A unas horas de reanudarse el periodo extraordinario en el Senado, los legisladores aún discuten cambios al dictamen de la Ley de Extinción de Dominio, como definir en qué se debe usar el dinero obtenido por la venta de bienes asegurados que provengan de actividades criminales.

Mientras Morena y sus aliados respaldan el texto actual, el cual indica que ese dinero se usará en programas sociales prioritarios y en acciones que defina el Gabinete Social de la Presidencia, los grupos parlamentarios de oposición, plantean que se debe orientar a programas de combate al crimen.

"Queremos que (el recurso) no quede a disposición discrecional del gabinete social, sino que se le dé un destino específico", mencionó Damián Zepeda, senador del PAN.

Además de cubrir los gastos de administración y reparación del daño a víctimas, dijo que el resto del dinero se debe destinar a programas de combate al crimen, prevención de adicciones, fortalecimiento de corporaciones policiacas y de la seguridad pública.

Añadió que los diversos grupos parlamentarios de oposición han planteado propuestas en ese mismo sentido por lo que impulsan en conjunto esta modificación.

En la mayoría de temas ya hay un acuerdo amplio con el dictamen, excepto en este asunto y en otros relacionados con la recompensa a quienes ayuden al Ministerio Público a extinguir el dominio de bienes que son producto de actividades delictivas.

Según el dictamen, el gobierno federal creará una Cuenta Especial, donde se depositarán los remanentes, productos, y rendimientos que se generen de los bienes asegurados. La Autoridad Administradora los gestionará hasta que el Gabinete Social de la Presidencia de la República decida en qué usarlos. No se podrá usar en gasto corriente ni pago de salarios.

El artículo 301 precisa que los bienes cuyo dominio haya sido extinto por sentencia firme de un juez podrán destinarse a favor de las dependencias federales, de la Fiscalía General de la República, gobiernos locales y municipales, según lo decida el Gabinete Social de la Presidencia. Se podrán usar para servicio público, programas sociales y otras políticas públicas.

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La extinción de dominio aplicará a bienes relacionados con delitos como secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, trata de personas, delitos contra la salud, corrupción, entre otros.

Para agilizar la extinción de dominio los legisladores incluyeron el mecanismo de disposición anticipada, que sirve para aprovechar los bienes asegurados en programas sociales o políticas públicas prioritarias mientras se realiza el proceso de extinción.

Además, el mecanismo de venta anticipada que consiste en la “enajenación de bienes previo a la emisión de la resolución en materia de extinción de dominio”.

Por Gerardo Suárez

gzm

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