En seis años, el sector inmobiliario de la Ciudad de México ha construido 416 niveles o pisos ilegalmente.
La Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Mariana Boy, presentó este viernes un informe de sus primeros meses de gestión, así como su plan de trabajo para los próximo años, titulado: “Qué vamos a hacer y qué hemos hecho”.
Ahí se explica que la Procuraduría ha identificado y registrado 236 casos de obras que rebasan los niveles permitidos, de 2014 a 2019.
“Todos ellos suman 461 niveles que se construyeron ilegalmente. Adicionalmente, 145 de estos casos (60 por ciento) tampoco cuentan con manifestación de construcción.
“En los casos ya detectados, esta Procuraduría ha solicitado la custodia del folio real de 135 inmuebles por parte del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC)”, preciso.
Boy recordó que la custodia de folios es una herramienta precautoria que impide al desarrollador realizar cualquier trámite notarial, transacciones de compraventa del predio o del inmueble.
“… deteniendo así su inversión, lo que le puede resultar incluso más oneroso que pagar una multa”, precisó.
Hasta la fecha, solamente se han ordenado ocho demoliciones (tres concluidas y cinco se encuentran en proceso), derivado de las resoluciones emitidas por el Instituto de Verificación Administrativa.
Los ocho casos son: Puente de la Morena 94, Benito Juárez; Calle 1, número 49, en Coyoacán; Josefa Ortiz de Domínguez 30, en Coyoacán; Frambuesa 106, Azcapotzalco; Genaro García 257 y 261, Venustiano Carranza; Mérida 169; Nuevo León 238, y Baja California 370, Cuauhtémoc.
En 2 casos se realizó el retiro voluntario de niveles excedentes (Bosques de Cerezos 59, Alcaldía Miguel Hidalgo, y Amores 827, Alcaldía Benito Juárez).
“En lo que va de mi administración ya se han impuesto sellos de clausura en inmuebles catalogados, ubicados en la calle Motolinía 40, colonia Centro, y Liverpool 9, colonia Juárez, ambos en la alcaldía Cuauhtémoc”, acotó.
EL PLAN
Cuatro Ejes Estratégicos:
- Consolidación de PAOT como defensora pública de los derechos humanos y ambientales
- Prevención del cumplimiento de la normatividad ambiental y territorial
- Procuración y acceso a la justicia ambiental y territorial incluyente
- Fortalecimiento de las capacidades institucionales
Por Manuel Durán