Quien siembra vientos cosecha tempestades; no es casual la reacción de la comunidad científica y académica mexicana, que ahora pretende ser juzgada a tabla rasa; concentrada entre cuatro paredes en aras de la austeridad y sin herramientas para comunicarse con el mundo, a no ser que sea el del nuevo régimen.
¿Para qué los sistemas de evaluación nacionales e internacionales o los grados académicos, si en palabras del propio Presidente de la República suena a cosa juzgada? “A lo mejor ni siquiera son científicos y eran los que se daban la gran vida”, sentenció.
Atrás quedó el compromiso de apoyar la ciencia y la tecnología como palanca del desarrollo nacional; se mantiene la premisa “calumnia que algo queda”, sólo que ahora el odio se siembra desde el poder y con facultades discrecionales, como las que autorizó la mayoría en el Congreso al titular del Ejecutivo federal en la mal llamada Ley de Austeridad, motivo por el cual muchos votamos en abstención en la Cámara baja. La embestida inicial de la 4T fue contra la autonomía universitaria que implica libertad de cátedra, de investigación, de gobierno y de presupuestos y que, de forma conjunta con los rectores, académicos e incluso estudiantes, logramos preservar en la reforma al artículo 3º constitucional.
Sin embargo, existen muchos otros institutos y centros de investigación que son parte de las propias dependencias del gobierno y hoy se ven afectados por la “austeridad republicana” que, dicho sea de paso, gasta miles de millones de pesos por cancelar un aeropuerto que ya no veremos y “gana” cientos de miles de pesos subastando, por ejemplo, 12 autos que habían sido decomisados a Ficrea, sin importarle los derechos de las personas defraudadas por dicha financiera popular. Igual que los recortes en el sector Salud, con un criterio de ahorro y un profundo desconocimiento de la operación administrativa y de la realidad que vive la comunidad científica del país, el nuevo régimen está propiciando despidos, quitando herramientas y oportunidades a un sector mínimo de la población, en clara contradicción con una reforma constitucional que garantiza la obligatoriedad de la educación superior, pero nunca a costa de precarizarla.
El Sistema Educativo Nacional vive días cruciales. En breve, analizaremos en el Congreso de la Unión, reformas a las leyes General de Educación, de Infraestructura Física Educativa, de Coordinación para la Educación Superior, entre otras, y vendrán normas nuevas como la General de Educación Superior y la de Ciencia, Tecnología e Innovación. México tiene la oportunidad de construir un auténtico sistema educativo, donde los diferentes niveles se hablen entre sí y tengan vasos comunicantes con los sectores público, privado y social, sin filias ni fobias, con la calidad y los presupuestos suficientes para que la educación pública, gratuita, laica y obligatoria, vuelva a ser un factor de movilidad social y no cuna de profesionistas sin empleo.
ANA LILIA HERRERA
DIPUTADA FEDERAL POR EL PRI
@ANALILIAHERRERA