Esta semana una joven de 17 años ingresó de urgencia a la Clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Pachuca, por complicaciones salud tras practicarse un aborto casero con medicamentos.
Mientras en el Congreso de Hidalgo están dos iniciativas aún sin dictamen, una para permitir la interrupción del embarazo en clínicas públicas hasta la décimo segunda semana, y otra para defender la vida desde la concepción.
La joven fue atendida de emergencia, le practicaron un legrado y estuvo un par de días hospitalizada. El lunes, sin embargo, aunque ya tenía el alta médica, le impidieron la salida porque lo que realizó es considerada una conducta delictiva, con base en el Código Penal del estado, que permite únicamente interrumpir el embarazo en casos de violación –con una orden judicial–, malformación congénita o porque esté en riesgo la salud de la madre, según el artículo 158.
“No podía irse porque tenía una orden en el ministerio público para dar cuentas sobre la interrupción del embarazo”, relató personal médico a El Heraldo de México, cuya identidad se reserva para evitar penalización en su trabajo.
El artículo 155 especifica que una interrupción del embarazo que no cumpla las causales referidas será penado con uno a tres años de prisión. El artículo 157 sanciona, además, de tres meses a dos años de prisión, el aborto “para evitar la exclusión social o por pobreza extrema”.
El personal del nosocomio expuso que, de acuerdo con el procedimiento médico, regido por la actual normativa, tienen obligación de informar al Ministerio Público cualquier situación relacionado con posibles casos de aborto. En este caso, en la ficha de ingreso se establecía que las complicaciones y el malestar de la paciente que puso en riesgo su vida se debía a la ingesta de medicamentos.
En tanto en el estado no está permitido, de abril de 2007 –cuando se despenalizó el aborto– al 25 de julio de 2019, mil 161 hidalguenses han acudido a clínicas de la Ciudad de México para solicitar interrupción legal del embarazo. Las mujeres de la entidad son las que más recurren para este servicio, después de la originarias de la capital (149 mil 74), Estado de México (58 mil 774) y Puebla (mil 336).
Por Áxel Chávez
Recomendamos: Investiga PGJE abuso sexual contra menor en escuela primaria de Tijuana
fal