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Denuncian a jueces y notarios por caso patentes; piden investigar cuentas bancarias

NACIONAL

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Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que tuvieron bajo su responsabilidad la demanda de amparo por presunto conflicto de interés en la asignación de patentes de notario que hizo el gobierno de Hidalgo en el último año de mandatario de José Francisco Olvera Ruiz, fueron denunciados por posibles delitos de corrupción por uno de los exaspirantes a notario, quien requirió a la justicia federal investigar las cuentas bancarias tanto de éstos como de los fedatarios, ante posibles transferencias ilícitas durante aquel proceso.

El abogado Julio Gálvez Bautista presentó este día la denuncia ante el Ministerio Público Federal en la que pidió indagar a miembros del Poder Judicial de tres estados, debido a que el expediente fue turnado a Hidalgo, Veracruz y Puebla sin que, de acuerdo con el litigante, se valoraran las pruebas del presunto conflicto de interés y alteración de documentos oficiales que, insistió, ocurrieron en el procedimiento y afirma que la convocatoria con la que inició el proceso fue subida al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo cuando ya se habían distribuido las patentes.

Debido a que entre los beneficiarios de 16 notarías estuvieron funcionarios, titulares del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Gálvez Bautista promovió el juicio de amparo 1078/2016; no obstante, el juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Pedro Gerardo Álvarez del Castillo, lo sobreseyó al afirmar que se presentó fuera de plazo. La resolución fue confirmada por el Tribunal Colegiado del Estado; no obstante, el promovente consideró que la rotación del expediente y el sobreseimiento fue un recurso para proteger a los notarios y los grupos políticos a los que pertenecen.

“En el expediente omitieron resolver un incidente de falsedad de documentos, anexos al informe justificado: la convocatoria al proceso de notarías. Es una falta grave, la tuvieron que haber resuelto y es un ejercicio indebido de los magistrados o de los funcionarios oficiales que hicieron eso”, aseguró el abogado

Asimismo, indicó que la denuncia será para que se investiguen probables conductas indebidas de los jueces y magistrados durante el ejercicio de sus funciones, “así como de todos aquellos funcionarios y personas que estuvieron inmiscuidas para cometer posibles delitos de corrupción”.

Entre los beneficiarios de la asignación de patentes están quienes presidieron los sistemas de procuración e impartición justicia en el estado: Alejandro Straffon Ortiz, exfiscal –quien falleció el 16 de octubre de 2018, a los 59 años, a causa de un infarto–, y Juan Manuel Menes Llaguno, exmagistrado del Tribunal Superior, aunque la Ley Notarial de Hidalgo –publicada el 18 de mayo de 1992 durante el gobierno de Adolfo Lugo Verduzco– establece en su artículo 35 que el notariado es incompatible con los cargos de elección popular, los de servidor público o de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como de procurador o agente del Ministerio Público.

Catorce días antes del cambio de poderes en Hidalgo, Valentín Echavarría Almanza, secretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de José Francisco Olvera, recibió la patente de notario público número 9 en Tizayuca.

El asunto también involucra al notario número 16 del distrito judicial de Tula, Eden Khadaffy Cornejo, hijo de Luciano Cornejo Barrera, expresidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, a Enrique Vieyra Alamilla, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, así como Mario Souverbille González, excoordinador jurídico del Poder Ejecutivo que condujo el proceso y se adjudicó la titularidad de notaría 8 de Tizayuca.

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Por Áxel Chávez

mfrp

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