Alcaldes de todo el país reconocieron que necesitan a la Guardia Nacional para combatir al crimen organizado, pues sus policías están rebasadas; sin embargo, pidieron a los diputados establecer mecanismos de coordinación con el ámbito municipal y destinar recursos para capacitar a sus cuerpos de seguridad.
Como en el caso de los gobernadores, la mayoría de los alcaldes pidió que el mando de esta agrupación sea civil y no militar.
“Hay regiones donde se nos están creando subgobiernos, donde a la autoridad institucional cada vez le es más difícil poder entrar para dar servicios. En Ecatepec hemos aprendido a vivir sin gobiernos”, aseguró el alcalde Fernando Vilchis.Laura Lyn Fernández Piña (PVEM), alcaldesa de Puerto Morelos, Quintana Roo, y presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), reconoció que la federación está obligada a combatir al narcotráfico y que los municipios no tienen herramientas para ello. Y aunque pidió respeto al ámbito municipal y no borrar a las policías de ese ámbito de las labores de seguridad pública, solicitó también pidió dotar a la Guardia Nacional de posibilidades de detener a un presunto delincuente, sin importar si se trata de un delito del fuero común o del federal.
“Todas las corporaciones de seguridad deben y tienen que contar con las mismas facultades dentro del marco constitucional, de otra manera se da pie a la inacción y la desidia”, puntualizó.A través de una ponencia enviada, la alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, consideró que en su municipio “no concebimos la paz sin los militares. En Reynosa tenemos enfrentamientos con el crimen organizado y tenemos al alza los delitos del fuero común”. Pidió un mando civil para la Guardia Nacional, lo mismo que Enrique Vargas (PAN), alcalde Huixquilucan y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac). El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó ayuda a la ONU para conformar una Guardia Nacional que incentive el respeto a los derechos humanos. En la primera reunión anual de embajadores y cónsules con el presidente López Obrador, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado, informó que se trata de un convenio que se centre en ese rubro. La solicitud fue presentada a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con quien afinarán los detalles y la posible fecha de la firma del convenio. POR NAYELI CORTÉS Y FRANCISCO NIETO jrr