4 años después: 0 sentenciados y faltan 43

Para los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en el municipio guerrerense de Iguala, hace cuatro años, la justicia no ha llegado. A la fecha, por el caso, no se ha logrado una sola sentencia condenatoria. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), derivado de las investigaciones fueron detenidos 142 sospechosos; pero el resultado sólo ha sido positivo en 48.5 por ciento de los casos. Del total de los detenidos sólo 69 se encuentran bajo proceso penal por el secuestro de los jóvenes; 21 personas fueron puestas en libertad por inocencia o falta de elementos de prueba; a los otros 52 detenidos no se les encontraron vínculos con el caso Iguala, pero están en prisión por otros delitos. El titular de la Oficina para el caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, en entrevista con El Heraldo de México, informó que la indagatoria sigue abierta, que aún falta por cumplimentar cinco órdenes de aprehensión por secuestro que involucran a policías e integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Aseguró que la PGR no tuvo la intención de confrontar a los familiares de los normalistas al impugnar la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, pero es necesario que la Suprema Corte de la Nación revise el caso, pues esta no podía ser ajena a un tema tan delicado. “No estamos en contra de ningún tipo de esfuerzo o de comisión, lo que vemos con preocupación son los alcances de esta figura que fue creada no por ley, sino por una resolución de un grupo de magistrados”, enfatizó. Sobre el reproche de los padres en el sentido de que la dependencia federal ha volcado sus esfuerzos en tratar de frenar la creación de esta comisión más que en esclarecer los hechos y dar con el paradero de las víctimas, Higuera Bernal aseguró que nunca se ha detenido el trabajo de investigación ni de localización: “se han hecho juicios de que todo se ha centrado en una línea de investigación que tanto ha sido cuestionado, si se revisan los tomos del expediente, se va a encontrar como, al menos desde junio de 2018 hacia acá, no van a encontrar actuaciones relacionadas con aquella vertiente”. Señaló que la PGR está obligada a impugnar todas las resoluciones que le son adversas y crear una comisión investigadora vulnera la Constitución e impacta en la funcionalidad del Ministerio Público. Insistió en que se ha seguido investigando con base en la ruta de trabajo establecida en un cronograma como el trasiego de drogas, la información a recabar por asistencias jurídicas al gobierno de Estados Unidos, la identificación de personajes de los que sólo se tenían apodos, el análisis de la telefonía de los estudiantes desaparecidos, así como la participación de fuerzas de seguridad municipal, estatal y federa, así como la teoría del quinto autobús. Sobre la crítica por investigar el delito de secuestro y no por desaparición forzada, resaltó que la primera consignación fue por este último ilícito, pero el juez consideró que no se reunieron los elementos, por lo que el Ministerio Público la replanteó. “Me llama la atención que no dice nada en la resolución del porqué los jueces dijeron sí al secuestro, los mismos jueces que calificaron de legales las detenciones, que ahora dicen que no lo son tanto… “En los amparos que están concediendo, los jueces están mandando a reponer procedimiento, sería interesante saber si ellos también reclasifican al dictar el auto de formal prisión”, señaló Higuera Bernal. POR DIANA MARTÍNEZ