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Llevan caso de Bolaños a la SCJN

magistrados y consejeros aseguran que es inconstitucional el cargo del presidente del poder judicial

NACIONAL

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Al menos nueve magistrados del Tribunal Superior de Justicia y tres integrantes del Consejo de la Judicatura de Oaxaca presentaron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que el nombramiento de Raúl Bolaños al frente del Poder Judicial viola la Constitución estatal. Aunado a ello, Bolaños Cacho Guzmán tiene un plazo de 24 horas para acatar el fallo de un juez federal, quien concedió un amparo para que se suspenda la transformación del Consejo de la Judicatura en Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina en Oaxaca. Alfredo Lagunas explicó que en el primer caso, el argumento se sustenta en la misma Constitución, pues ésta señala que para ser presidente del Tribunal se requiere que sea magistrado en activo y tenga cuando menos tres años en funciones en una sala. Sin embargo, Bolaños estaba jubilado en el momento en que fue ratificado por el Congreso como presidente del TSJ de Oaxaca, en marzo de 2017. Acompañado de seis magistrados y consejeros, Lagunas señaló que en lo que respecta al amparo, al menos 12 integrantes del Poder Judicial se oponen a la desaparición del Consejo de la Judicatura, aprobada en agosto pasado por los diputados locales, para dar paso en su lugar a una Junta de Administración. El juez federal, mencionó que en lo que se analiza el caso para llegar al fondo del asunto, no pueden continuar con ninguna actividad. Alfredo Lagunas fue presidente del TSJ desde 2011, pero en 2017 solicitó licencia y este año pidió su reincoporación, la cual aún no es aceptada, por motivos polìticos, señaló; no obstante, es integrante del Consejo de la Judicatura. Comentó que Bolaños ha reconocido que acata las instrucciones del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, de lo cual poseen audios de reuniones de trabajo. Además, dijo que entre las irregularidades de Bolaños, se encuentran diversas sesiones del Consejo de la Judicatura y del TSJ en las que no aparecen las firmas de los magistrados y consejeros que se han opuesto a sus arbitrariedades. POR FABIOLA CANCINO

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