Tamaulipas, la entidad con más detenciones arbitrarias, revela MNPT

Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, son los municipios donde más detenciones arbitrarias se registran en México. En ambos municipios, de acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), se concentran el 25 por ciento de las quejas registradas del 1 de enero de 2017 al 29 de agosto de 2018. La Policía Federal y la secretaría de Marina son las autoridades más señaladas como presuntas responsables de detención arbitraria en dicho periodo, de acuerdo con el número de quejas recibidas. Ese flagelo también se identificó, en menor cantidad, en la Ciudad de México, Veracruz y Estado de México. También se registraron 496 casos por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y 118 por tortura. Veracruz y Oaxaca fueron las entidades donde se aplicaron más tratos crueles, así como los municipios de Tepic, Nayarit, y Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración las autoridades con mayor número de quejas por ese delito. Ninfa Delia Domínguez Leal, directora ejecutiva del MNPT, explicó que en los 118 expedientes por tortura registrados las entidades donde hubo más casos fueron Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México, así como el municipio de Tijuana, Baja California, en tanto que la Policía Federal y la Procuraduría General de la República fueron las autoridades más señaladas como responsables de esos actos. Indicó que resulta relevante que se establezca el Registro Nacional del Delito de Tortura, que será la herramienta de investigación de información estadística que incluye los datos sobre todos los casos en los que se denuncia y se investigue dicho fenómeno, incluido el número de víctimas, por lo que debe impulsarse en la Procuraduría General de la República y en las fiscalías estatales que esa base se alimente y actualice de manera permanente, lo que ayudará a abatir la cifra negra de tortura y malos tratos, y permitirá la construcción de indicadores y datos estadísticos para combatir su impunidad, así como lograr la reparación integral a que todas las víctimas de esos flagelos tienen derecho. Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la promulgación de la Ley General en la materia fue apuesta importante del Estado mexicano en la lucha contra los tratos crueles e indignantes, además de que envió el mensaje de que esa práctica no debe tener cabida en el actuar de las autoridades mexicanas. Destacó como desafíos para la puesta en práctica de la ley que la mayoría de las entidades todavía no cuentan con una Fiscalía o Unidad Especializada para la investigación de ese delito, ni existe registro de los casos que ayuden a entender el problema y enfrentarlo. Por Ricardo Ortiz