Se niegan a legislar

El Congreso de Veracruz se ha negado a cumplir sistemáticamente con sentencias de amparo por omisión de ese cuerpo legislativo. Las órdenes judiciales para analizar una solicitud de juicio político en contra de magistrados y legislar para aumentar las causales del aborto en el estado, son sólo dos ejemplos de la negativa de los diputados por acatar resoluciones. ANTICORRUPCIÓN Les faltó trabajar en las demandas de amparo de al menos tres de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción: Jeremías Zúñiga Mezano, Enrique Rentería y Juan David Ovando. También, la controversia constitucional que interpondrán legisladores inconformes con la designación del fiscal Anticorrupción que realizó el PAN en alianza con el PRD. “Los jueces federales no invadimos soberanía, es nuestra obligación hacer cumplir la Constitución. Es parte de su función”, advirtió el magistrado federal José Manuel de Alba. Los legisladores locales, encabezados por Sergio Hernández, quien preside la Junta de Coordinación Política, han advertido que defenderán la “soberanía” del Congreso. “No pueden manejar el tema desde esa perspectiva, de que estemos invadiendo esferas… Parece que están los Poderes en conflicto y no es tal”, añadió. NADA SOBRE ABORTO Asociaciones civiles de mujeres lograron que un juez federal les otorgara un amparo para ordenar a la actual legislatura de Veracruz la reforma de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz, relacionados con el aborto. La sentencia número 1191/2017 señala que existe la obligación del Congreso del Estado de Veracruz de legislar respecto al delito de aborto, tipificado en el Código Penal. Sin embargo, los legisladores perdieron la oportunidad de hacerlo, pues la instrucción ordenaba que se hiciera en este periodo ordinario de sesiones que concluyó el 31 de julio. La sentencia refiere que los diputados locales incurrieron en omisión para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres veracruzanas. Se trata de una sentencia histórica, luego de que Veracruz obtuvo el 13 de diciembre de 2017 la segunda alerta de género por discriminación normativa, dijeron representantes de las asociaciones de mujeres que presentaron el amparo. Con la modificación de los citados artículos se pretendía garantizar los derechos a la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, derechos a la salud sexual y reproductiva, así como el derecho a la vida de las mujeres veracruzanas para evitar que sean criminalizadas. También, entre las sentencias que debían analizar y legislar los diputados, está una solicitud de ciudadanos para abrir un juicio político en contra de magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA). Por Naldy Rodríguez