GUADALAJARA. Reorientar el gasto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), reducir la nómina obesa y los altos salarios que se mantenían en la institución, fueron algunas de las promesas de Alfonso Hernández Barrón cuando llegó como ombudsman hace un año.
Hoy, ese organismo defensor de derechos humanos es el tercero más caro del país: 93 por ciento de su presupuesto está dirigido al pago de burocracia, y su presidente es de los mejores pagados a nivel nacional.
Incluso, su salario es más alto que el proyectado por el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que fijó en 108 mil pesos.
Su presupuesto para 2018, de 149 millones 945 mil 85 pesos, ubica a la CEDHJ sólo por debajo de las comisiones de la Ciudad de México y el Estado de México, en costos.
Si se divide el presupuesto que los estados destinan a estas comisiones entre sus habitantes, los jaliscienses pagan más que el Estado de México –el más poblado del país–, por mantener a un organismo con la tercera burocracia más numerosa.
Hernández Barrón llegó a una comisión de la que ya había formado parte, como tercer visitador. Las fuertes críticas de organizaciones civiles por las omisiones de su antecesor, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en temas como las desapariciones, los feminicidios, la diversidad sexual y la igualdad de género, su salario de 150 mil pesos mensuales, así como los gastos excesivos en nómina, le dejaban una responsabilidad mayor para reestructurarla.
Sin embargo, el ombudsman sólo redujo su salario 12 mil pesos, pues actualmente recibe 138 mil al mes, incluso más que la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien tiene una remuneración mensual bruta de 122 mil 72 pesos mensuales.
En una comparación con las comisiones de otros estados, por medio de sus páginas de transparencia, refleja que Hernández Barrón es el quinto mejor pagado en México entre sus homólogos.
A esto se suma que cuenta con una nómina de 278 empleados, 14 más que los contratados en la anterior administración y los gastos en su burocracia alcanzan los 139 millones 800 mil pesos.
Al comparar las remuneraciones del año pasado con las del actual, los encargados de las visitadurías quedaron con los mismos salarios, que oscilan entre 86 mil 424 y 96 mil 829 pesos mensuales. De igual manera los directores, quienes reciben entre 61 mil 802 y 77 mil 80 pesos, en ese mismo lapso.
Para el director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), César Pérez Verónica, pese a que el nuevo ombudsman tiene un discurso más empático y menos político en temas con los que se identifican organizaciones civiles, como los derechos de migrantes o comunidades indígenas, aún no hay un involucramiento profundo en algunos otros, como la tortura y las desapariciones.
Pérez Verónica añade que no ve ninguna distinción con la estructura que mantuvo la comisión cuando fue dirigida por Felipe Álvarez Cibrián, pues continúan con presupuestos holgados y una nómina robusta, sin que el organismo sea más operativo, más cercano a los ciudadanos o incurra en el respeto de los derechos humanos ante la tragedia que vive Jalisco.
“Vemos que la violencia y la inseguridad han aumentado de manera exponencial, y sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco no ha incidido absolutamente en nada”.
El profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) Alejandro Anaya añade que históricamente las comisiones estatales son una copia de la nacional, y en ellas, generalmente, la regla ha sido tener un desempeño muy pobre en su función de proteger o promover los derechos humanos por su falta de autonomía.
Considera que los procesos de nombramiento para brindar independencia a su titular, las capacidades y conocimiento de quienes laboran en la institución, son aspectos importantes para lograr que las comisiones cumplan con su función.
Por Fátima Aguilar
Si se divide el presupuesto que los estados destinan a estas comisiones entre sus habitantes, los jaliscienses pagan más que el Estado de México –el más poblado del país–, por mantener a un organismo con la tercera burocracia más numerosa.
Hernández Barrón llegó a una comisión de la que ya había formado parte, como tercer visitador. Las fuertes críticas de organizaciones civiles por las omisiones de su antecesor, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en temas como las desapariciones, los feminicidios, la diversidad sexual y la igualdad de género, su salario de 150 mil pesos mensuales, así como los gastos excesivos en nómina, le dejaban una responsabilidad mayor para reestructurarla.
Sin embargo, el ombudsman sólo redujo su salario 12 mil pesos, pues actualmente recibe 138 mil al mes, incluso más que la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien tiene una remuneración mensual bruta de 122 mil 72 pesos mensuales.
En una comparación con las comisiones de otros estados, por medio de sus páginas de transparencia, refleja que Hernández Barrón es el quinto mejor pagado en México entre sus homólogos.
A esto se suma que cuenta con una nómina de 278 empleados, 14 más que los contratados en la anterior administración y los gastos en su burocracia alcanzan los 139 millones 800 mil pesos.
Al comparar las remuneraciones del año pasado con las del actual, los encargados de las visitadurías quedaron con los mismos salarios, que oscilan entre 86 mil 424 y 96 mil 829 pesos mensuales. De igual manera los directores, quienes reciben entre 61 mil 802 y 77 mil 80 pesos, en ese mismo lapso.
Para el director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), César Pérez Verónica, pese a que el nuevo ombudsman tiene un discurso más empático y menos político en temas con los que se identifican organizaciones civiles, como los derechos de migrantes o comunidades indígenas, aún no hay un involucramiento profundo en algunos otros, como la tortura y las desapariciones.
Pérez Verónica añade que no ve ninguna distinción con la estructura que mantuvo la comisión cuando fue dirigida por Felipe Álvarez Cibrián, pues continúan con presupuestos holgados y una nómina robusta, sin que el organismo sea más operativo, más cercano a los ciudadanos o incurra en el respeto de los derechos humanos ante la tragedia que vive Jalisco.
“Vemos que la violencia y la inseguridad han aumentado de manera exponencial, y sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco no ha incidido absolutamente en nada”.
El profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) Alejandro Anaya añade que históricamente las comisiones estatales son una copia de la nacional, y en ellas, generalmente, la regla ha sido tener un desempeño muy pobre en su función de proteger o promover los derechos humanos por su falta de autonomía.
Considera que los procesos de nombramiento para brindar independencia a su titular, las capacidades y conocimiento de quienes laboran en la institución, son aspectos importantes para lograr que las comisiones cumplan con su función.
Por Fátima Aguilar