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Aumentan las tomas ilegales

NACIONAL

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El robo de combustible a ductos de Pemex en la CDMX se ha convertido en una constante mes con mes, pues de abril a mayo se detectaron seis tomas clandestinas más. Ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina aprehendieron a cuatro personas relacionadas con el delito de venta ilegal de combustible en calles de la delegación Magdalena Contreras. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, afirmó, en entrevista en la explanada del Monumento a la Revolución, que se harán sobrevuelos en la zona donde se ubican los ductos de la.
“Vamos a tener la coordinación primero con Pemex, para que nos permitan conocer y vigilar uno de los alcances de los helicópteros Cóndor, que vieron ustedes, es precisamente sobrevolar las partes donde están los ductos de Pemex”, sostuvo.
En meses pasados, El Heraldo de México dio a conocer que en el primer trimestre de 2018, en comparación con el año previo, hubo un repunte de 916 por ciento respecto a la detección de tomas clandestinas. En los dos meses subsecuentes, abril y mayo, el repunte se agudizó, pasando de nueve a 15 tomas detectadas. A nivel general, entre enero y mayo de 2018, las perforaciones ilegales fueron 76.61 por ciento más que en el mismo periodo de 2017, o sea, un aumento de 400 por ciento. Esta situación se ha agravado. Desde 2012 a 2017, anualmente creció de forma constante el número de tomas clandestinas detectadas por Pemex. Pasó de cero en el primer año mencionado a 91 en 2017. Sin embargo, sólo hasta 2016, tras una respuesta a una solicitud de información, se dio cuenta del quebranto económico que representó el robo de hidrocarburos. El monto asciende a 48.1 millones. Un año después, Pemex se negó a responder la dimensión de sus pérdidas. “Me permito señalar que de la búsqueda en nuestros Sistemas Jurídicos Institucionales se observó que no se cuenta con la información referente a (...) cuánto asciende el quebranto económico”, sostiene el documento foliado con el número 1857200316417. Entre 2012 y 2016, el daño fue de 48.1 millones de pesos. Incluso, desde 2006 a 2017, la máquina persecutoria de este delito se ha quedado corta. Sólo dos oriundos de la capital del país han pisado la cárcel: uno en el centro federal de readaptación social número 8 y el otro en el 13, según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. CARLOS NAVARRO Y LIZETH GÓMEZ DE ANDA

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