Se confrontan por inseguridad

Mientras el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reconoció que la entidad y el país viven su mayor crisis de inseguridad, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, consideró que el Estado no está rebasado por casos como el asesinato de los tres estudiantes de cine, y de ninguna forma representa la pérdida de gobernabilidad.   Las declaraciones se dieron luego del reclamo social ante la confirmación de que los tres jóvenes fueron asesinados y disueltos en ácido, por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).   “No soy de los que se esconden y deja que las cosas simplemente sucedan, que no soy omiso y que jamás me permitiré la inacción ante lo que es la mayor crisis de violencia que ha vivido el país y mi estado”, respondió Sandoval Díaz.   En Puebla, Navarrete Prida dijo que no se dará marcha atrás a los operativos contra el crimen organizado. En el marco de una reunión de trabajo con el gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, manifestó que las autoridades federales trabajan de forma coordinada con el gobierno de Jalisco para llegar a una pronta respuesta para los familiares sobre lo que ocurrió.   Lo que sucede en el país, expresó, no es distinto a lo que pasa en otras partes del mundo, como los alumnos que sacan armas en escuelas o quien atentan contra la vida de otros con un vehículo. Consideró que una de las principales labores de las autoridades es brindar la información necesaria “y en esto no puede haber ni claudicación, ni allanarse, ni mucho menos negociación; hay que preguntar a las víctimas, garantizar el derecho a la verdad por más dura que sea”, dijo.   FALTA EVIDENCIA   Ayer, en Guadalajara se realizó la trecera movilización para exigir justicia por los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV).   A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de los tres estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá el 19 de marzo, la falta de evidencia científica y unos peritajes oficiales inconclusos, impiden que los tres jóvenes sean declarados como tal jurídicamente.   De acuerdo con la organización Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), esto podría dificultar que sus familiares accedan a una indemnización como lo marca la Ley General y local de Atención a Víctimas en su parte de la reparación integral del daño.   POR FÁTIMA AGUILAR Y CLAUDIA ESPINOZA